Comenzando por las extraordinarias ganancias que acumuló en pandemia la empresa distribuidora de asfalto Aldia SA, que el expresidente Mario Abdo Benítez encargó a su hijo, la administración estatal anterior tiene mucho por rendir a la Justicia y a la ciudadanía.

La ola de denuncias de corrupción, principalmente aquella que surgió en tiempos de luto y miseria como fueron los años duros de la pandemia, debe ser escla­recida y los responsables deben asumir las cuentas que les correspondan.

La Contraloría General de la República, el Ministe­rio Público y los demás organismos de control deben encontrar la clave de cómo la empresa de la fami­lia del expresidente Abdo amasó fortuna de manera camuflada detrás de grandes licitaciones de rutas, principal foco de acción de su gobierno.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas debe, por su parte, dictaminar la necesidad de esos llamados a grandes contrataciones públicas que tie­nen como insumo básico el asfalto que tenían como importante proveedor de las contratistas del Estado a la mencionada empresa del expresidente Abdo. Nuestro diario ya confirmó que de ganancia anual de G. 6.665 millones en 2013, la empresa de asfalto en la que Abdo puso al hijo en su reemplazo subió a G. 92.647 millones en 2021, siendo los años de pande­mia los más dorados en facturación.

En el cierre del ejercicio 2021, duro año de pan­demia, en medio de una crisis generalizada por el covid-19, Aldia SA experimentó un crecimiento de facturación de 1.290 % con relación al cierre del ejer­cicio 2017. Solo una investigación profunda, seria, responsable como destacan a nuestras institucio­nes hará llegar a la verdad de los hechos, si hubo o no tráfico de influencias, si se digitaron licitaciones, si hubo sobreprecios, etc.

Quedaron demasiados hechos que escandalizaron a la ciudadanía y que generaron enorme perjuicio. Los que intentaron negociar el acta entreguista de Itaipú, el acuerdo secreto extrajudicial para pagar USD 7 millones a un proveedor argentino cuando no había razones válidas, que se frenó gracias a filtra­ciones de la prensa, son parte de la serie de inten­tos de despojo que alguna maniobra administrativa tuvo que haber gestionado desde el poder público.

Hubo otros daños más sensibles, como el dinero entregado como anticipo de vacunas que no llegaron.

Recordemos el pago adelantado de USD 6,8 millo­nes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para compra de vacunas anticovid a través del mecanismo Covax para traer 4.279.800 dosis; sin embargo, solo recibió 1.093.200. Alguien debe hallar explicaciones del dinero perdido y quiénes asumirán la responsabilidad de los USD 5,6 millones no recu­perados.

La pasarela de ñandutí y los responsables del sobre­precio de G. 3.142 millones. La inconclusa conectivi­dad de escuelas por un malogrado proyecto de USD 62 millones que fue lanzado en 2020, con el obje­tivo de crear una red de telecomunicaciones para provisión de internet a instituciones educativas; sin embargo, el Mitic hasta noviembre de 2022 solo logró completar los procesos de instalación, cone­xión y activación de servicios en 119 instituciones de las 1.538 seleccionadas.

Las comisarías móviles “de oro” de Juan Ernesto Villamayor, que incluían compra de muebles a pre­cios exorbitantes con hasta dieciséis veces por encima del monto que se cotizaba en el mercado. Los pagos a los planilleros vip de la Caminera, con un grupo de 15 inspectores de la Patrulla Caminera beneficiados con una licencia especial para cobrar sin trabajar y en 3 años costó G. 9.717.785 al Estado, sin recibir una sola contraprestación de servicio, ale­voso hecho confirmado por la Contraloría General de la República, son parte de la negra herencia del gobierno de Abdo.

Festín de licitaciones en varias instituciones, muchas de ellas apuradas y a la bartola en el último tramo del gobierno anterior. IPS y el negocio de una rosca cerrada en licitaciones de limpieza y varios otros casos no deben quedar impunes, no tenemos chance de equivocarnos, lo dijo el propio presidente de la República.

No es menos grave ni menos urgente el desman­telamiento del control que hicieron en los puer­tos privados y las vinculaciones con sindicados narcos de algunos amigos del expresidente Abdo, que tuvieron ministerios bajo su dominio, tam­bién ameritan investigaciones. La liberación que hicieron en los puertos exige una auditoría seria para revelar los daños, el perjuicio que se generó al comercio exterior al contaminar la imagen país con la narcoexportación.

Los exaltos funcionarios, llámese ministros, direc­tores, etc., sospechados de enriquecimiento ilícito como el caso del exministro Arnaldo Giuzzio, con dudoso manejo de información institucional de carácter reservado que saltó como uno de los gran­des magos de las finanzas durante la pandemia, debe rendir cuentas a la Justicia.

La única salida para no seguir dando tregua a la corrupción es combatir la impunidad, y que los res­ponsables del intento de manotazo a la cosa, como aquellos que le metieron mano a los bienes del Estado, paguen por sus actos.