Un aspecto elemental en una gestión eficiente y comprome­tida con el interés común es la transparencia. En la medida en que la colectividad tenga acceso a la infor­mación, el riesgo que puede tener la cosa pública disminuye, por ello es muy impor­tante devolver la transparencia a la ciuda­danía brindando siempre las explicaciones que esta requiera en relación con la admi­nistración pública.

Desde la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2015, en el Paraguay ha habido una suerte de transi­ción en el cumplimiento de esta normativa de la que muchas autoridades y altos fun­cionarios del Estado rehúyen.

El gobierno que inauguró esta conquista que le otorga al ciudadano común la posi­bilidad de controlar la gestión pública mediante datos relacionados a los gas­tos, acuerdos o convenios instituciona­les nacionales e internacionales, nom­bramientos y otros inició una interesante prueba en la aplicación; sin embargo, los casos de corrupción destapados, principal­mente por la prensa en los últimos años, sugieren que se necesitan mejores meca­nismos que fortalezcan la transparencia de manera más instantánea en el Estado.

La ciudadanía debe tener acceso a la infor­mación relacionada a todo el quehacer del Estado. Todo documento que obre en poder de las instituciones es de carác­ter público y debe ser proporcionado sin mayores dilaciones. Lastimosamente esta línea no fue muy respetada en los últimos tiempos y las instituciones se limitan en gran medida a publicar datos básicamente salariales junto con algunas gacetillas de actividades oficiales en sus respectivos portales.

Existen todavía varias entidades públicas resistentes hasta en la publicación de los salarios de sus funcionarios, las binacio­nales son un ejemplo de cómo se ingenian para tornar más complejo el acceso a los datos correspondientes a los haberes de sus empleados. Dificultan a los ciudadanos la búsqueda de información, los obligan a un recorrido sin sentido fragmentando los informes que debieran estar a disposi­ción en un solo sitio, de manera ordenada, entendible tal como estipula la Ley de Transparencia.

Debemos avanzar en un proceso de mayor transparencia en el que la administración pública se ubique en una vidriera, bajo el arbitrio de toda la ciudadanía, principal­mente de aquellos que quieran involu­crarse en el seguimiento de las labores de cada gobierno.

No podemos seguir regateando informa­ción ni llegar muy tarde a los detalles de los acontecimientos ocurridos en los organis­mos oficiales, que pueden ser muy perjudi­ciales.

Sonados casos fuertemente negativos para el Paraguay, provenientes del manejo oscuro, han sido tristes experiencias recientes como el acta secreta de Itaipú, el acuerdo secreto para pagar unos USD 7 millones a un proveedor argentino, los alcances del negocio de la venta de gasoil a Bolivia ocurridos en el gobierno anterior, que siguen siendo motivo de indignación de la opinión pública.

Las autoridades deben dejar de generar sospecha con la resistencia a proveer infor­mación solicitada a través del portal de Acceso a la Información Pública, sea con dilaciones de respuestas o simplemente ignorando los pedidos. Disponer datos, facilitar la ejecución de los presupuestos generan confianza en las instituciones, un valor casi perdido en nuestro país en el ámbito del Estado.

El anuncio que dio el nuevo presidente del IPS de que la transparencia será prioridad en su gestión augura esperanzas en un ente carcomido por la corrupción. Dio una pri­mera señal que habla muy bien de su pre­disposición, que es la transmisión de las sesiones del Consejo de Administración, instancia donde se cocinan los intereses de los asegurados.

La medida asumida por el nuevo presi­dente del IPS confirma que el que nada debe, nada teme, y que en el marco de este lema debe replicarse la iniciativa de dejar las puertas abiertas de las instituciones públicas a la ciudadanía, a los contribuyen­tes, que son los que sostienen la estructura del Estado.

Un gobierno serio, abierto con el pueblo debe fomentar transparencia, eso solidi­ficará su credibilidad, la tranquilidad de la ciudadanía. Y en este contexto la nueva administración estatal tiene una enorme oportunidad de construir confianza con su gente, actuando con claridad.