El presidente electo Santiago Peña ha anunciado que suprimirá la Secretaría Anticorrupción, dado que en todo el tiempo de su existen­cia no ha producido los resultados esperados. Además, su tarea está claramente establecida por la Constitución Nacional como función de la Contraloría General de la República. Es una de las medidas que adoptará la nueva administración para ir afinando el aparato del Estado para que sea más eficiente y menos pesado como en la actualidad.

En seguida surgió la reacción contraria, no solo de algunos sectores políticos sino de medios de comunicación que tradicional­mente solían despotricar contra la exagerada carga de la burocracia estatal. Son los mismos que no ven con buenos ojos la unificación de la Dirección General de Aduanas y la Subse­cretaría de Estado de Tributación, que en el fondo tienen la misma función recaudadora de tasas en impuestos para el Poder Ejecu­tivo. Ni la creación del Ministerio de Econo­mía que se encargará de regir todo lo relacio­nado a la actividad productiva, comercial y financiera de la nación desde una visión unifi­cada de la vida económica del país.

El tema de fondo no es que no sean necesarias las medidas mencionadas, si no el que lo haga la nueva administración que se hará cargo del gobierno el 15 de agosto. Pero todos sabemos que la reforma del gigantesco aparato buro­crático y de todo el Estado paraguayo es una necesidad muy sentida para mejorar la situa­ción del país. Y que requiere el apoyo de la ciu­dadanía.

El Poder Ejecutivo tiene nada menos que 48 organismos públicos dependientes, entre ministerios, secretarías especiales y otras entidades cuyos directivos están nombra­dos por el presidente de la República y están subordinados directamente a él. A los 17 ministerios se suman 18 secretarías con rango casi ministerial, a las que se agregan una quincena de entidades con la denomi­nación de consejos, agencias, gabinetes, ins­tituto, procuradurías. Debido a ello el total de organismos públicos que dependen de ese poder es muy elevado. Muchas de estas enti­dades tienen tareas similares.

Los otros poderes del Estado, como el Judi­cial y el Legislativo, cuentan también nume­rosas dependencias y entidades subalternas, sin hablar de las gobernaciones, municipa­lidades y la gran cantidad de entes autóno­mos y autárquicos que conforman el aparato estatal.

En otras palabras, el Estado paraguayo ostenta una monstruosa cantidad de minis­terios, entidades y organismos públicos que haciendo la suma podría estar en alrededor del centenar.

Teniendo en cuenta esta realidad que no se puede ocultar, cualquier administración que desee poner orden en el país, corregir errores y hacer más eficiente el aparato estatal, tiene que ponerse a reformularlo profundamente. No se trata de echar gente a la calle o de des­pedir empleados, que no es el propósito del nuevo gobernante, sino de buscar que sean más útiles y que se aproveche mejor su capa­cidad de trabajo mediante la reestructura­ción burocrática.

Cuando se mira la enorme lista de ministe­rios, secretarías y organismos dependientes del Ejecutivo hay entidades que se pueden unificar para hacerlos más eficientes. Y no hacerlo sería una grave omisión para permitir que el monstruo estatal siga siendo un gigan­tesco paquidermo que no se puede ni mover.

Nadie podría construir un país mejor si, entre otras cosas, no emprende la transformación del Estado para hacerlo eficiente y más útil. La historia reciente enseña que con nue­vas disposiciones para modificar y reformar las estructuras existentes se puede avanzar mucho.

Un ejemplo muy elocuente es la cuestión tri­butaria. Treinta años atrás, cuando un con­tribuyente quería pagar sus impuestos fisca­les, tenía que hacer largas colas en las oficinas estatales, donde se podía coimear al funcio­nario que atendía para pagar menos y ser atendido con rapidez. Hoy se cumple esa obli­gación en cualquier cajero privado o banco sin esperar mucho y ninguna posibilidad de hacer trampas, o por internet si se tiene cuenta bancaria.

Ese avance no se debe solo al adelanto tecno­lógico sino a la voluntad de hacer cambios y de reestructurar la burocracia pública, como ocurrió. Que es lo que la nueva administración pretende continuar y mejorar en su gestión.

El gobierno entrante va a encarar las medidas anunciadas y otras reformas para concretar la profunda transformación que requiere el Paraguay, para avanzar más rápido.