Autoridades portuarias de la Argentina retuvieron el viernes último en el tramo de Santa Fe del río Paraná a una embarcación con bandera paraguaya que transportaba mer­caderías. El motivo aducido es el no haber pagado el ilegal peaje establecido arbitra­riamente por el vecino país en el mencio­nado paso, contrariando todas las normas internacionales que establecen la libre navegación de los ríos sin cobro de arance­les. El peaje fluvial ya había sido establecido por autoridades portuarias del vecino país en setiembre de 2022 y se empezó a aplicar oficialmente el primer día de enero último.

A pesar de que la medida argentina va con­tra todas las normas vigentes, el Gobierno paraguayo no ha logrado hasta ahora que se elimine ese obstáculo y ni siquiera lo ha denunciado en las instancias legales interna­cionales correspondientes. La falta de gestión adecuada para la eliminación de ese peaje está logrando crear obstáculos muy duros para el transporte de cargas por la hidrovía, perjudicando los intereses de Paraguay, Boli­via, Brasil y Uruguay. Lo que causa pérdidas por millones de dólares.

El futuro canciller del gobierno entrante, Rubén Ramírez Lezcano, otras autoridades diplomáticas y empresarios paraguayos se reunieron el lunes con el embajador argen­tino, Domingo Peppo, para reclamar por esa medida arbitraria y solicitar su eliminación.

“Consideramos una situación grave las medidas adoptadas por la justicia argen­tina, amparadas sobre la base de una medida administrativa interna de ese país, que coli­siona con el Tratado Internacional de la Cuenca del Plata, el Tratado de la Hidro­vía Paraguay-Paraná, los tratados de libre navegación. Y, por lo tanto, hemos expresado nuestro reclamo más firme a que el Gobierno argentino revise esta decisión adoptada”, señaló Ramírez. Lo más serio no es solo el perjuicio que ocasiona, sino que una resolu­ción interna de una dependencia de segundo orden de ese país pretende borrar las dispo­siciones jurídicas internacionales de cum­plimiento obligatorio para la Argentina y las naciones involucradas. Algo más absurdo que querer hacer prevalecer un decreto sobre las normas dispuestas en una ley.

“Esto es para el Paraguay inaceptable, y en esos términos hemos dialogado. Y hemos solicitado al embajador de la República Argentina que transmita esta posición del Gobierno de la República del Paraguay y del presidente electo”, manifestó el futuro canci­ller nacional.

El presidente electo, Santiago Peña, ya le había reclamado por esa medida arbitraria al pre­sidente argentino, Alberto Fernández, pero hasta ahora ese país persiste en asaltar a las naves que pasan por el tramo del Paraná que transcurre en medio del territorio de ese país.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) se pro­nunció contra la medida argentina, seña­lando que se opone al atropello a la sobera­nía y libre navegación que está garantizada por acuerdos internacionales. Y agregó que es necesario que el Gobierno nacional adopte una decisiva reacción ante las medidas arbi­trarias contra la navegabilidad de naves de nuestro país.

Parece increíble que, a esta altura de la his­toria de la humanidad, cuando los países del mundo han establecido en todo el pla­neta normas jurídicas para facilitar el libre tránsito de naves, vehículos y personas, una nación como la Argentina establezca el cobro de un peaje ilegal y absurdo. No se está hablando de un país de lejanas islas perdidas, lejos de los avances de la civilización, donde cuentan solo los caprichos de los dictadores, sino de una nación rica en historias de liber­tades y en personajes que lucharon por la liberación de los pueblos.

El Gobierno nacional tiene que tomar medi­das más serias para eliminar esta arbitra­riedad recurriendo a los estrados legales internacionales que obliguen a la Argentina a respetar las normas vigentes y la castiguen por este comportamiento ilícito. No se puede seguir demorando y soportando esta situa­ción ilegal, que además ocasiona perjuicios enormes al comercio internacional y castiga especialmente a nuestro país en su condición de nación mediterránea.

No se puede permitir bajo ninguna circuns­tancia que los argentinos hagan lo que las normas prohíben por el mero capricho de alguna entidad interna que pretende dero­gar disposiciones legales que los países están obligados a cumplir. El vecino país debe com­portarse como una nación seria y no como una republiqueta donde cualquier funcio­nario de segunda pervierte las leyes vigen­tes yendo contra la prelación de las normas jurídicas.