Los bochornosos espectáculos en el Congreso Nacional deben tener punto final. Se deben parar con las agresiones y optimizar el tiempo para legislar a favor de la ciudadanía.Los parlamentarios, quienes son protagonistas en la creación de leyes para el funcionamiento de nuestra República, no pueden continuar pegándose el lujo de entretenerse en actos circenses en el marco de funciones, desperdiciando tiempos que valen “oro”, por los salarios privilegiados que perciben y por la alta sensibilidad que representan sus acciones para los intereses del país.
Sin necesidad de entrar a detallar identidades, en el último período parlamentario hubo congresistas que acudieron básicamente al vedetismo para captar el interés principalmente mediático y distraer a la población como una suerte de reivindicar aquella antigua frase de darle pan y circo al pueblo.
Hemos visto desde pancartas, cantos, bailes, sobre curules, sketches animados en los pasillos como dentro del pleno en días de sesión, momentos de masajes. Actitudes de llamamiento a los rivales de turno, sin contar con las acusaciones extremas de alto calibre, pero con cero sustentos documentales que son rutinarias escenas vividas en las cámaras de nuestro Congreso para activar el flash de los medios, generando el morbo en la audiencia cuando lo que se debe hacer es formar el debate sobre los temas que atañan a las necesidades que tenemos como Estado.
Dejen de querer idiotizar a la gente y trabajen con la seriedad que requieren nuestros problemas. Hagan política en momentos de campaña, en la calle o en sus puestos de comando, el seno del Senado y la Cámara de Diputados no son antros para el proselitismo mediático y barato.
Lo que hacen aquellos congresistas acostumbrados a lanzar disparate es confundir a una ciudadanía que ya suficiente tiene con las miserias del Estado.
El reciente episodio protagonizado por una diputada liberal del departamento de Cordillera que ingresó a la sala de sesiones con una canasta cargada de chipas y comenzó a lanzarlas a sus pares y otros funcionarios presentes al grito de “chipa Barrero” no es otra cosa que un vulgar espectáculo que pareciera disfrazar la escasa iniciativa legislativa que tienen algunos miembros del Congreso.
Ya hemos sido testigo de cómo los actos exhibicionistas, intercambio de dardos verbales ridiculizan a este poder del Estado. Hemos lastimosamente desperdiciado sesiones enteras a causa de los berrinches desatados entre algunos parlamentarios, parlamentarias que se comportan como verdaderos inadaptados e inadaptadas, al solo hecho de alimentar el morbo mediático, que en su mayoría tiene la balanza bien inclinada hacia ciertos sectores políticos.
El debate parlamentario necesita recuperar ese nivel de honorabilidad, sano, puro en sus objetivos como representante de un poder del Estado. La ciudadanía no merece tanta camorrera.
Este nuevo periodo incluso se torna más sensible debido a la diversidad de representación partidaria y perfiles no muy acordes a la moral que se demanda para un cargo como el de legislador. Sino rige un reglamento severo contra las inconductas, ambas cámaras están aún más en riesgo de los escándalos y de la improductividad por culpa de eventos circenses que no contribuyen para la misión que se debiera tener.
Las autoridades del Congreso deben exigir disciplina, respeto por la institucionalidad y que las diferencias políticas se deriven a otros escenarios, que no terminen degradando el recinto ni las convocatorias.
Suficientes privilegios tienen nuestros diputados y senadores que deben honrar cada guaraní de los millones que se les acredita mensualmente como ingresos. Pero, ante todo, deben honrar la confianza de sus votantes, retribuirlos con leyes que protejan a los habitantes de este país y por supuesto los intereses del Estado en general.
Suspender el vedetismo y reivindicar la conducta responsable, prudente, conforme al estatus que tiene el Congreso Nacional. Los parlamentarios tienen la obligación de predicar con el ejemplo en sus comportamientos por la investidura que se atribuyen como por el respeto a una nación que les confió la legislación de la República.