El nivel de desempleo es una situación difícil, sobre todo las estadísticas de gente que perdió su puesto de trabajo en la pospandemia son hirientes y en este contexto también la informalidad es una realidad que golpea. Según los entendidos, el primer empleo es el principal afectado, ya que la mayoría de los aspirantes a una actividad en el mercado se encuentran con ciertas condicionantes que los obligan a sostenerse en negro.
La seguridad laboral es un aspecto importantísimo que no puede seguir arriesgándose con el incumplimiento de las normas que rigen en nuestro país. Las instituciones estatales de control debieran abocarse a mecanismos de fiscalización tendientes a erradicar este mal de la informalidad.
Debemos brindarle a la gente y más aún a la población juvenil que al cumplir la mayoría de edad necesitan independencia económica y que hoy se les impide ante la falta de ofertas laborales de calidad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los jóvenes de entre 18 y 19 años obtienen su primer empleo en la informalidad. Esta situación requiere de políticas estatales de empleo para que el mercado brinde mayor seguridad a los trabajadores. La triste circunstancia se da en un contexto que, dicho por especialistas del rubro, se tiene a 1.870.000 personas en condiciones de informalidad laboral, es decir, no tienen seguro social, jubilación y no llegan a ganar el salario mínimo.
Considerando las 3.750.000 personas que corresponden a la fuerza laboral en el Paraguay, la informalidad afectaría a casi la mitad de esta población trabajadora.
Los expertos estiman que de cada 100 jóvenes, 90 obtienen su primer empleo en la informalidad. Esto representa una terrible frustración e impotencia al tiempo de que financieramente estanca a la gente y, por ende, al país. Familias enteras se ven perjudicadas porque se generan efectos muy negativos ya que trabajar no resulta rentable para muchos jóvenes que constituyen el potencial de la economía.
En nuestro país habría unos 100.000 paraguayos que trabajan en empresas de más de 500 trabajadores (formales) y 200.000 paraguayos que trabajan en empresas que tienen entre 100 y menos de 500 trabajadores (formales). Hay una necesidad de oportunidades en estas compañías para que más personas tengan empleo digno y seguro con un salario base del mínimo o más que este.
No hay que olvidar que los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC 2023), correspondiente al primer trimestre del año 2023, sostienen que el desempleo alcanza en Paraguay a 242.982 personas, y el subempleo (quieren trabajar más horas, pero no encuentran oportunidades) a un total de 141.031 personas. Además de esta situación está la población juvenil que en su mayoría no tienen opciones más que el derecho de piso de la informalidad.
La cultura de la informalidad consiguió un arraigo demasiado fuerte en el mercado laboral, por la necesidad existente, la escasa formación segmentada en actividades más específicas o especialidades que la gente muchas veces se ubica en puestos de trabajo en condiciones engañosas creyendo que más adelante podrían cumplirse sus derechos establecidos por ley.
Mientras no emerja desde el Estado una educación que oriente sobre los alcances de las normas laborales y las exigencias que rigen al momento de ingresar una persona a determinada actividad, o mientras no existan políticas de formación que ofrezcan mano de obra altamente calificada, gente capacitada, los trabajadores, aspirantes al primer empleo seguirán lamentando sus desventajas y conformándose con lo que encuentren.
Es clave que las instituciones pertinentes recobren la fortaleza en los roles y ejecuten las medidas necesarias en la búsqueda de reprimir la informalidad. Una economía no puede desarrollarse con sectores que se manejan en negro, de alguna manera terminan perjudicando a la totalidad.
De ahí que las políticas de empleo del Estado deben velar por la formalización de las actividades. La generación de mano de obra es importante, pero ante todo que las personas trabajen con las garantías que la ley ampara.