Entre los numerosos fenómenos que afectan a la realidad económica y social de nuestro país está el altísimo porcentaje de gente que tiene trabajo informal y que, por consiguiente, no recibe protección de ninguna laya. A esto se suma la gran cantidad de personas que no tienen tarea alguna y carecen de ingresos de cualquier índole.
Ambas realidades son facetas de la muy dura realidad en que vive el Paraguay y que necesita remedios urgentes, por lo que se requiere de una decidida acción del Estado, de los organismos públicos y de toda la sociedad. En los últimos años, al castigo de la pandemia sanitaria que afectó fuertemente a la población nacional se sumó el flagelo económico, con la caída de la producción, que golpeó a las empresas y a vastos sectores económicos. Esto ocasionó también la reducción del empleo, un fenómeno que en último término afecta mayormente a las personas de los sectores más vulnerables al reducirse las posibilidades de contratos de trabajo seguros.
Las cifras estadísticas existentes, que son de alguna manera incompletas, demuestran la intensidad de ese problema, porque indican con los números cuánta gente se está viendo afectada. Y señalan muy claramente qué es lo más urgente que hay que hacer en el país.
Nuestro diario ha publicado una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) realizada a fines de 2022 sobre la población ocupada, no agropecuaria, que no incluye a los habitantes de dos de los departamentos menos poblados (Boquerón y Alto Paraguay) ni a los empleados domésticos sin retiro. A pesar de no abarcar la totalidad de la población nacional, revela datos muy significativos, como que los trabajadores informales representaban el 62,9 % de la población ocupada.
El estudio muestra que el 17 % de la gente que tiene empleo informal es pobre, y que el mayor nivel de informalidad, algo más del 90 %, está en el grupo conformado por jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. Otro dato interesante es que 7 de cada 10 adultos de 65 años y más están haciendo trabajos informales.
La informalidad laboral afecta más a las personas que tienen menos años de formación académica. Así, el porcentaje de ocupados informales con 13 a 18 años de estudio es solo del 39,1 %. Mientras que los informales que tienen entre 1 y 6 años de estudios llegan al 86,8 %, y los que no tienen ninguna instrucción están en la informalidad laboral en un ciento por ciento.
Para entender mejor en qué consiste la informalidad laboral, se puede decir que es la relación de trabajo que no está sujeta a las disposiciones de la ley, no contribuye con los aportes legales, no tiene cobertura de protección social, carece de prestaciones relacionadas con el empleo. Se ubica dentro de la economía informal y, en gran medida, sirve a las actividades que están fuera de las normas vigentes, como el contrabando y afines.
Como consecuencia de esa situación, somete a las personas afectadas a una vida marginal, en el sentido de la desprotección legal y de la precariedad económica y social consiguiente. El trabajador informal no tiene salario mínimo, ni cuenta con beneficios sociales. Solo tiene obligaciones y puede ser despedido en cualquier momento y por la causa que fuere, sin recibir la indemnización legal correspondiente. Solo depende del humor de su empleador.
Como economista que ha ocupado cargos públicos relevantes, el presidente electo conoce perfectamente esta realidad. Y por eso entre sus principales promesas electorales ha dicho que en su administración creará 500 mil nuevos puestos de trabajo formales. Hecho que dará un gran respiro a un alto porcentaje de la población nacional y posibilitará un paso significativo en la formalización de la actividad económica.
Todos los esfuerzos que se hagan tanto desde el Gobierno como desde el sector privado serán pocos para mejorar la oferta laboral adecuada para la población paraguaya. Lo importante es que los que conducen la política estatal tengan ideas claras en la materia, como lo ha demostrado Santiago Peña. Solo de esa manera se buscarán los mecanismos que hagan posibles mayores fuentes de trabajo dentro de la legalidad, como indican las normas y se merece la dignidad del trabajador paraguayo.