Las terribles denuncias mediati­zadas sobre acoso, abusos y vio­lencia de todo tipo a menores son indicios alarmantes de cómo se destruye la vida de una población vulnera­ble, indefensa, que requiere de mayor aten­ción por parte del Estado, en todo sentido.

Es inadmisible que sigamos viendo y escu­chando historias desgarradoras, cuando tenemos varias instituciones abocadas a los derechos de bienestar de nuestros niños. Estos crueles acontecimientos deben acabar y, en este sentido, el Estado debe encontrar los mecanismos, obtener resultados más visibles en la protección de los menores.

El debate de estos sucesos criminales cometidos contra menores, ya sea con aco­sos, abusos, violencia intrafamiliar, se restauró en estos días con las elecciones nacionales que incorporaron como sena­dor de la República a un candidato preso precisamente por supuesto caso de abuso sexual a una menor. La ministra de Niñez arremetió duramente contra la investidura que se concederá al presunto abusador.

Seguimos lamentando los hechos, las tareas de prevención como duras san­ciones continúan siendo una deuda del Estado. Evidentemente nos hemos apla­zado en las acciones de prevención, con­cienciación y hemos fallado como socie­dad con estos reportes de atentados contra la integridad física y moral de nuestros menores.

La serie de denuncias que flotan en los medios como en redes sociales penosa­mente sugiere que estos cometidos crimi­nales son parte de una cruda realidad que no se logra ni subsanar, mucho menos evi­tarlos.

Lo peor de la situación es que las denun­cias que han logrado vencer al silencio cómplice del entorno plantean dudas de que las que se mantienen en ocultas son aún más numerosas. No todas las vícti­mas ni sus familiares tienen la fortaleza de entablar una demanda, soportar un pro­ceso de constantes manoseos de la misma herida, tampoco las garantías suficientes de que el autor o la autora del hecho reciba el castigo merecido.

Es decir, nuestras estadísticas pudieran estar seriamente boicoteadas por el subre­gistro de casos a causa de la falta de garan­tías para afrontar a los criminales, ladro­nes de vidas pequeñas.

Hace un par de meses desde la Coordina­dora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA) habían difundido un informe muy revelador de que, en el país, en promedio, cada dos horas se registra una víctima de abuso sexual reportado a la Fiscalía, varón o mujer, entre 0 y 17 años. En dicho reporte, tam­bién se señala que en los últimos 5 años se registraron un total de 17.156 víctimas por abuso sexual entre el 2018 y 2022.

De acuerdo al informe, los departamen­tos con mayores números son Central con 1424 casos, Alto Paraná con 314 casos, e Itapúa con 207 casos; en Asunción alcan­zaron 295 casos, ocurridos en diferentes ámbitos, hogares, instituciones, estable­cimientos educativos, lugares de trabajo o dentro de las comunidades. El informe manifiesta que la mayoría de los niños y adolescentes y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades.

Este diagnóstico en números, remar­cando que la desconfianza en los pro­cesos amedrenta las denuncias que se pudieran hacer, confirma que la situa­ción de menores en condición de vulne­rabilidad es mucho más delicada. Es un llamado de atención muy fuerte para los organismos encargados de la detección, contención y seguimiento de los casos que debe apuntar a fortalecer las debili­dades existentes.

Este tiempo de transición en el Gobierno de la República es fundamental para levan­tar todas las estadísticas, realizar la radio­grafía del sector, incorporar los análisis pertinentes para generar políticas más eficientes que apunten al combate de estos crímenes y castiguen con todo el peso de la ley a los pervertidos o pervertidas.

Involucrar a la comunidad como aliada, así también a las instituciones más cercanas con la ciudadanía mediante estrategias invulnerables que no frenen bajo ninguna circunstancia los casos, hasta llegar a los órganos que definan e impartan justicia es una misión impostergable, si no queremos seguir lamentando que se destruya la vida de nuestra población más delicada.

Ya existen varias experiencias que sin dudas han identificado dónde están las falencias, en estos tiempos hay que reme­diarlas y aplicar las gestiones correctivas en la búsqueda de cumplir con el derecho de protección a nuestros menores.