En algo más de dos semanas los ciudadanos paraguayos concurrirán a las urnas a depositar sus votos para elegir a las autoridades nacionales que deberán conducir el país desde el 15 de agosto de este año hasta el 15 de agosto del 2028. De aquí al 30 de abril venidero la ciudadanía debe discernir en quién o quiénes debe depositar su confianza. Pasaron cinco años muy duros en manos de una administración gubernamental que está entre las peores de los últimos decenios. El país no debería equivocarse y tiene que descartar a los inservibles. Por eso conviene conocer los antecedentes de algunos candidatos.
Un senador colorado presentó a la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el candidato presidencial de la Concertación, Efraín Alegre. En el documento se le acusa de ocasionar perjuicios al fisco por el equivalente a 37 millones de dólares cuando era ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, durante el gobierno de Fernando Lugo. La incriminación es porque se habría cometido el delito de lesión de confianza que está castigado por el Código Penal.
Entre las acusaciones se pueden mencionar algunos hechos punibles que se habrían cometido y que surgieron de una auditoría realizada a la gestión de Alegre, por lo que pide el análisis del Ministerio Público.
Entre ellas se mencionan la existencia de legajos de pagos de salarios incompletos en que se gastaron 3.182 millones de guaraníes, que no tienen los documentos exigidos por la Contraloría General de la República. También señala que hay obras inconclusas por valor de 35.675 millones de guaraníes, en que no se penalizaron a las empresas con las multas correspondientes. O la adquisición de maquinarias por valor de 68.139 millones de nuestra moneda, la mayoría de las cuales no tienen títulos de propiedad a favor del Estado y no cuentan con el respaldo de haber sido adquiridas a pesar de más de un año de la compra.
Son solo algunas de las imputaciones que se hacen a la administración de Alegre, según las cuales no ha cumplido con las normas que establece la administración del Estado. Y que, según la acusación, constituyen graves irregularidades en el manejo de los intereses nacionales.
El afectado por las denuncias dijo a los medios que esos hechos no existen y que son inventos de sus enemigos políticos. No le importa si las irregularidades constan en un documento público preparado por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) durante la gestión del entonces presidente Fernando Lugo, cuando el partido al que pertenece, el PLRA, era uno de los principales responsables del Gobierno. Que merece la investigación de la Contraloría General de la República y ahora de la Fiscalía, luego de la imputación.
Las acusaciones contra Alegre no son informaciones infundadas. Son las conclusiones de los organismos estatales competentes que hallaron estos manejos cuestionables durante su gestión.
El Ministerio Público debe hacer ahora su trabajo para esclarecer todo lo señalado en la auditoría e imputar a los responsables de los hechos irregulares, por el gran perjuicio ocasionado a la nación. Por más que hayan pasado varios años, no se debe dejar de investigar los hechos que están fuera de la ley para darle el castigo que corresponde a los responsables y tratar de resarcir al Estado por el daño recibido. El país necesita que se haga justicia, más aún cuando se trata de individuos que se postulan para manejar el Poder Ejecutivo donde se necesita a personas honestas e impolutas para conducir los negocios de la nación paraguaya.
Debido a ello, la denuncia realizada ante la Fiscalía por un legislador colorado tiene gran trascendencia, y va más allá de las acusaciones partidarias o personales que se hacen en la campaña electoral. Existen gruesas anomalías detectadas por los organismos competentes y hay que investigarlas, con más razón si el posible responsable se trata de un candidato a la Presidencia de la República.
¿Qué pasaría si en la investigación se encuentra que se cometieron delitos que merecen la pena carcelaria, como la malversación de fondos públicos? ¿Acaso un hecho punible deja de merecer el castigo penal porque el indiciado sea un personaje político de cierto nivel? Por el bien del país, que se investigue la denuncia y se aplique la ley.