El tránsito terrestre, principal­mente en las arterias que conec­tan el Área Metropolitana tanto con la capital como las salidas a las rutas internacionales equivalen a un vía crucis para la gente que necesita un desplazamiento ágil en su rutina labo­ral y otros. Esta caótica situación que ya no es exclusividad del ingreso a Asunción expande el embotellamiento que estanca la movilidad en el departamento Central, principalmente en puntos de conexión estratégicos.

Amerita pensar en planes que propongan una solución a esta situación que asfixia a los transeúntes sean automovilistas, del trasporte público o biciclos. Esta es una prioridad para el problema del tráfico, sin embargo, no se puede ignorar ni mucho menos desconocer lo concerniente a la seguridad vial, muy debilitada a juzgar por la cantidad de accidentes que nos llegan como noticias a través de los medios de comunicación o redes sociales.

Tenemos una infraestructura vial total­mente colapsada por el crecimiento des­medido del parque automotor y un ser­vicio de transporte público que requiere mejorar. En medio de esto, el auge de la demanda de biciclos torna insostenible el orden en el tránsito y los conductores de 4 ruedas deben lidiar con el riesgo de que le sorprendan por cualquiera de sus lados un motociclista que avanza de por los huecos que encuentra y en muchas ocasiones sin cumplir con el uso de los equipos de pro­tección, como casco, etc.

Según los datos de la Dirección de Regis­tro de Automotores contabilizados en los primeros meses de este 2023, en Asunción hay un total de 490.369 vehículos inscrip­tos y un total a nivel país de 2.844.243, de los cuales el 47,2% está concentrado en la capital.

Los registros oficiales difundidos a tra­vés de la prensa basados principalmente en los de la Municipalidad de Asunción, indican que a la capital ingresan diaria­mente unos 600.000 vehículos. Alrededor de 500.000 personas residen en la capital y entran a Asunción unas 2.000.000 de per­sonas que utilizan varios medios de trans­porte, llegan desde otras ciudades de Cen­tral o el interior. En esta concentración vehicular es que pierde el protagonismo que debiera tener el sistema de transporte público como alternativa económica y de comodidad para los que deben desplazarse en territorio del departamento Central, camino a la capital o viceversa.

Las calles o avenidas alternativas tam­poco están abasteciendo para el volumen de expansión y algunas de las opciones carecen de obras complementarias como desagües y otros que los convierta en una vía válida para esquivar del atascamiento vehicular.

Las obras nuevas que generan expecta­tiva de fluidez tampoco van acompañadas de recursos eficientes como los semáforos inteligentes, que debieran agilizar el movi­miento vehicular de manera coordinada. A esto se suma la imprudencia, el descon­trol que generan accidentados que, según estudios en más de un 90% no cuentan con ningún tipo de seguro médico en la que lastimosamente existe una población juve­nil de entre 15 a 35 años que acapara las estadísticas.

Al menos un menor accidentado por día recibe el Hospital de Trauma, según entrevistas otorgadas por las autori­dades del nosocomio, imposibilitados económicamente y dependientes de los presupuestos sanitarios del Estado que asume un altísimo costo. Recordemos que un paciente en condiciones graves cuesta entre G. 200 millones a G. 300 millones al erario.

Estas razones de sufrimiento en el trán­sito vial y de inseguridad rutero a causa de la imprudencia o la ausencia de estrategias eficaces en el control vehicular vuelven urgentes la necesidad de encaminar medi­das que se enfoquen estos males.

Las instituciones pertinentes deben des­tacarse en esta misión y pedir los recursos que sean necesarios, ya sean económicos, políticos, legales, tecnológicos, como téc­nicos para poner fin al sufrimiento en el tránsito.

Los costos de tiempo, dinero y aflicción que deben administrarse hoy en las rutas, calles y avenidas ya no deben ser moti­vos de disgusto social, ni de retraso en el acceso a un sistema de circulación más amigable. Las líneas de acción que bus­quen mejorar el tránsito y la seguridad vial promoverán un aspecto fundamen­tal de la calidad de vida de las personas, objetivos que en los tiempos actuales son impostergables.