Los cambios en algunas administraciones de la justicia generan muchas expectativas en la ciudadanía y la objetividad que prime para encausar los procesos en condiciones igualitarias, no selectivas, será fundamental. Dejar de lado las presiones políticas para que oportunistas no aprovechen la coyuntura con la intención de marcar agenda conforme a sus intereses es también elemental para que la justicia pueda castigar a quienes cometan delitos.

En este orden de cosas es importante que los políticos entiendan y respeten la línea de la justicia y no caer en el juego de algunos senadores, muy selectivos en sus apreciaciones sobre los corruptos que denuncian; sin embargo, algunos casos que afectan a los posibles amigos guardan bajo la alfombra. Emblemáticos casos merecen ser resueltos por los órganos que atienden el derecho público y los respectivos entes de control de gastos como el patrimonio estatal, que no se incluye generalmente en la agenda de algunos medios.

Existen causas muy afines a los intereses de la colectividad que guardan relación con la seguridad, la protección del patrimonio público y posibles enriquecimientos no justificados que no pueden quedar sin la pesquisa a profundidad, menos aún que mueran en el olvido e impunes.

La sospecha de enriquecimiento irregular del ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior, Arnaldo Giuzzio –con la compra de una enorme propiedad para afincar una granja en Caaguazú en tiempos crudos de la pandemia– es una denuncia realizada hace más de un año ante el Ministerio Público y uno de los casos grosos que ameritan aclararse en los estrados judiciales.

El caso de Giuzzio y su granja con inversión de G. 1.200 millones, justificada con un préstamo del Banco Nacional de Fomento (BNF); sin embargo, las cuotas de esta superan los ingresos que percibía en los altos cargos que le tocó estar, no forma parte del ruido mediático ni político.

Las reglas matemáticas son ampliamente superadas por las declaraciones financieras del ex ministro que había consignado deudas con cuotas de G. 20 millones mensuales, más sus gastos en alimentación y servicios básicos, por G. 9,3 millones, llegan a G. 29,3 millones al mes. Sin embargo, el salario devengado; es decir, el líquido que cobra al mes es G. 20,8 millones. Nada se sabe del proceso a más de un año de investigación.

A lo mencionado se suma la denuncia que había hecho el Dr. Óscar Tuma ante el Ministerio Público por la situación que involucra al ex ministro Giuzzio con el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. El profesional había acercado el caso a la Fiscalía, porque de la investigación pueden surgir diferentes tipos penales. Tampoco se sabe de esto, pese a que guarda estrecha relación con la seguridad nacional.

Otra causa que no está en la agenda mediática es la investigación sobre el banco Atlas de los Zuccolillo, que figura como uno de los bancos utilizados para lavar dinero por el narco “Cabeça Branca”. Las pesquisas fiscales refieren que el banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur.

Como estos casos grosos existen un montón que están pendientes. La ciudadanía tiene ese derecho y las instituciones judiciales, de control, deben contar con recursos económicos como de profesionales disponibles eficientemente y así atender en el momento pertinente las denuncias que guardan relación con lo que aqueja a la gente.

Brindar las condiciones y respetar la institucionalidad son claves, pero principalmente evitar la politización en la búsqueda de la justicia es primordial.

Los momentos electorales como los grandes casos de corrupción que explotaron en los tiempos más duros de la pandemia deben ser dirimidos en los órganos jurisdiccionales, para así encaminar exitosos procesos en los que se note un real combate a la corrupción y a las prácticas que atenten contra los derechos de las personas. El desafío para la justicia es gigantesco, por eso la misión no debe amilanarse porque de ello depende que sean resueltas desde las denuncias más mínimas de un particular hasta los suculentos desfalcos, crueles crímenes, etc.