Oficialmente, el sector público abre las puertas de sus escuelas desde hoy para dar inicio al calendario escolar 2023. Los establecimientos educativos volverán a retumbar con el bullicio, la alegría de los niños y adolescentes, que cada año se inspiran en los libros para cumplir sueños en el futuro.

Sin embargo, esta hermosa fiesta escolar confronta, lamentablemente, con la desidia de las autoridades que no se superan pese a la cantidad de años que han pasado. Es uno de los períodos escolares que inicia sin marchas ni protestas por parte de los gremios de educadores. Las emociones vuelven a florecer, el entusiasmo se renueva con un nuevo año escolar, pero las soluciones de muchos problemas quedaron estancadas y la realidad nos reitera crueles estadísticas sobre el déficit en la infraestructura escolar.

Cantidad y calidad de aulas y la falta de docentes son los principales problemas que sufre la educación, principalmente en el sector público. El número de establecimientos escolares en estado de riesgo es imparable.

Los números oficiales estiman que unas 12.000 escuelas de todo el país no reúnen las condiciones adecuadas para albergar a los alumnos, especialmente en cuestiones referentes a la infraestructura. A esta situación complica la insuficiente cantidad de docentes, ya que se necesitan unos US$ 12 millones para crear unas 1.400 secciones más desde la educación inicial hasta el tercero de la media.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se destinó una inversión de US$ 100 millones en infraestructura en los últimos años y unos US$ 200 millones con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), pero los resultados no son muy alentadores ni conforman para el servicio de calidad que convoca a 1.500.000 alumnos a las aulas desde hoy.

En estos días vimos escuelas derrumbarse en zonas muy vulnerables de nuestro país. Otras en las que se postergarán el inicio de clases por falta de sanitarios en buenas condiciones, riesgos que se presentan en los techos, entre otros. Es incomprensible el arrastre que tenemos de los problemas de décadas, situaciones que nos impiden adecuarnos a nuevos estándares de enseñanza, como el uso de tecnología, etc.

Necesariamente, el próximo presidente de la República debe abocarse a mejorar el estado de la infraestructura escolar y empezar con fuerza a incluir a nuestros niños, niñas y jóvenes en procesos educativos más didácticos, más modernos.

Hoy, además, la coyuntura llama a un cuidado tenaz de la higiene y la limpieza de los establecimientos escolares. Estamos todavía con algunos casos de covid-19 y se sumó con fuerza la epidemia de chikungunya con gran efecto en la población infantil y otros más vulnerables como la de tercera edad. La situación es muy delicada, no se puede improvisar, ni se pueden exponer a riesgos de la salud del estudiantado.

Las municipalidades tienen una altísima responsabilidad en el contexto de la epidemia del chikungunya. El Ministerio de Educación debe ser celoso custodio de la seguridad sanitaria de los alumnos y articular acciones para eliminar los sitios donde se incuban los vectores que trasmiten enfermedades. Misma celeridad se debe seguir teniendo con los cuidados para evitar contagios masivos del virus del covid-19.

Tras un retorno tímido el año pasado, los alumnos tienen el derecho de disfrutar de la estadía en las escuelas y no estar intimidados con los males que aquejan al país.

Padres, autoridades sanitarias, educativas, ambientales y municipales deben aunar esfuerzos para que los alumnos estén en condiciones saludables, con la infraestructura necesaria para aprender con alegría. Miles de millones de recursos son destinados para la educación, eso debe reflejarse en el diario pasar de los estudiantes. Si se gasta mucho, debe abundar el bienestar escolar. No podemos seguir dándonos el lujo de mirar cómo algunos avivados devoran presupuestos que luego lamentamos con privaciones que son prioritarias, ya sean sanitarios modelo, sillas, pupitres, etc.

Los padres necesariamente deben ser contralores de la enseñanza y comodidades a las que deben acceder sus hijos. Este control obligará a los administradores escolares y demás involucrados en el sistema educativo a tener más cuidado en el uso del dinero público o de otros recursos orientados al rubro.

Pese a las deficiencias, las necesidades, hoy se vivirá una gran fiesta escolar, expansiva en toda la República. El entusiasmo de los niños, niñas y adolescentes motivarán seguramente a un mayor compromiso de quienes tienen las responsabilidades en el sistema educativo y sino, ya los padres como la comunidad escolar tendrán las suficientes agallas de confrontar a las autoridades desleales a los derechos de los estudiantes.

Existen herramientas de control, aprovechemos la Ley de Transparencia para auditar moneda por moneda cómo se usa la plata de la educación y exijamos que se optimicen resultados en beneficio de la comodidad del alumnado.