A menos de un mes en que amenazaran atacar la emisora radial de la Universidad Católica en Asunción, Radio Cáritas y a su personal, el martes 14 asesinaron al periodista Alexander Álvarez en Pedro Juan Caballero, la ciudad que registra la mayor cantidad de atentados contra los trabajadores de la prensa del país.

Con este ascienden a 9 los crímenes contra periodistas en la capital del Amambay, una zona muy prolífera en hechos de sangre de toda índole. El grave acontecimiento forma parte de las persecuciones que sufren en el país los medios y trabajadores de la comunicación, que es el sector profesional que recibe habitualmente la mayor cantidad de atentados y amenazas. Demás está decir que ni el Gobierno ni los organismos estatales especializados han conseguido hasta ahora mayores progresos en la protección de los comunicadores, por lo que hay que seguir lamentando este tipo de crímenes.

El 26 de abril de 1991, cuando el periodista Santiago Leguizamón manejaba su vehículo por una calle de Pedro Juan Caballero para ir a un almuerzo por el Día del Periodista, unos criminales le salieron al paso y lo acribillaron a balazos. Su acompañante resultó ileso, pues el objetivo era acallar a Leguizamón. El martes último, cuando el comunicador Alexander Álvarez conducía su automóvil con un hermano a su lado, al parar en un semáforo, se acercó un motociclista que le disparó dos balazos que poco después le produjeron la muerte en un sanatorio.

Son dos hechos muy similares que, aunque están separados por 32 años de distancia en el tiempo, tienen el mismo objetivo y persiguen el mismo propósito: acallar la voz de los comunicadores. Porque molestan o son incómodos para algunos personajes de la mafia. Aunque algunos insinúan que el móvil podría haber sido otra persona, los hechos son elocuentes y no admiten discusión, mataron a una persona dedicada a la comunicación.

En el 2022 se registraron 20 casos de violencia contra los comunicadores del país y 3 contra medios de prensa. El más llamativo fue el atentado contra el periodista Humberto Coronel, quien fue muerto a tiros el 6 de setiembre del 2022 cuando salía de Radio Amambay, en Pedro Juan Caballero. Cinco meses después, en la misma ciudad, los criminales acaban de terminar con la vida de otro trabajador de la comunicación.

Lamentablemente, estos hechos que acontecen en el país forman parte de una trágica estadística internacional, que es para preocuparse y actuar con decisión en defensa de los periodistas. Según la Unesco, en los últimos 15 años han asesinado a 1.536 periodistas en todo el mundo, lo que demuestra que es un flagelo de marca mayor. Y lo peor es que 9 de cada 10 crímenes contra los trabajadores de la prensa no han recibido castigo y permanecen en la impunidad.

Las amenazas y ataques contra los periodistas constituyen hechos que violan el derecho fundamental que tiene cada persona de recibir información. Representan además un impedimento para la libertad de expresión, que está considerada como parte fundamental de una democracia. La Constitución Nacional, en su Artículo 26, garantiza la libertad de expresión y de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión sin censura alguna.

En algunos sectores se ha hablado de la necesidad de promulgar una ley de protección integral a periodistas, lo cual no está mal. Pero más allá de las normas, muchas de las cuales no se cumplen, es necesaria la voluntad política del Gobierno de trabajar para custodiar la libertad de prensa y expresión protegiendo a los trabajadores de la comunicación de manera efectiva. Y se debe comenzar por aquellos lugares donde el ejercicio del periodismo es más riesgoso.

En el Amambay, el Gobierno debe disponer de un guardia personal para cada trabajador de la prensa, que lo custodie en el trabajo, en los lugares públicos y hasta en su domicilio. Solo así se podrán evitar nuevos atentados. Porque las actuaciones ambiguas no sirven para el objetivo final, lo que está demostrado sobradamente con los hechos que se están comentando.

La única arma efectiva contra el crimen es la prevención mediante la actuación eficiente de las fuerzas de seguridad. La experiencia es muy elocuente en esa materia.