El Ministerio de Hacienda dio a conocer todo lo que las entidades estatales han erogado por diversos con­ceptos durante el año que pasó. Las cifras revelan el mismo defecto prin­cipal de siempre, que, en vez de dis­minuir como aconsejan los principios de administración, el Gobierno gasta más dinero en su estructura buro­crática, que, por eso, resulta cada vez más gigantesca. Lejos del aconse­jado ahorro público, se siguen dilapi­dando recursos provenientes de los impuestos y otras cargas que paga el ciudadano común y que deberían ser destinados a las inversiones más necesarias. No le importa si el déficit público no disminuye como estable­cen las leyes reguladoras del equilibrio presupuestario.

El Estado paraguayo gastó en el 2022 mucho más dinero a través de los orga­nismos de la administración central que lo erogado en el 2021. En los gastos sociales, como los destinados a educa­ción, salud, acción social, el aumento fue solo del 4,6%, la mitad del incre­mento del total del dinero destinado a ministerios y entidades dependien­tes del Poder Ejecutivo. Lo que quiere decir, en otras palabras, que los orga­nismos dedicados a atender a la gente no han sido su prioridad a la hora de distribuir los fondos públicos.

En el año que acaba de terminar, la Administración Central del Gobierno ejecutó gastos por valor de 54,5 billo­nes de guaraníes frente a los 49,9 billo­nes que había erogado en el 2021, con lo cual el aumento es del 9,28%. Lo que quiere decir que sus gastos tuvieron un crecimiento de 4,6 billones de gua­raníes.

Un detalle que no se puede dejar de señalar es que, porcentualmente, de todas las erogaciones aumentadas las destinadas a los temas sociales no tuvieron un buen incremento. Lo que significa que en salud, educación y afi­nes se tuvieron alzas relativamente menores que en las otras actividades.

En primer lugar en la estructura del gasto social del Gobierno está la edu­cación, que se llevó el 33% del dinero, seguido de salud, que tuvo el 26%. A la promoción y acción social se encaminó el 19% y a la seguridad social el 18% de los gastos realizados por el Estado. Lo llamativo es que luego de varios años en que las áreas mencionadas como prioritarias en las erogaciones estata­les recibían el 55% de los gastos, el año pasado no alcanzaron ese porcentaje, ya que solo se les destinó el 54,1%. Esta cifra encaja con el menor aumento porcentual de los sectores sociales (4,6%) comparado con el incremento total de las erogaciones de la Admi­nistración Central, que fue del 9,28%. Hubo entidades estatales no sociales que recibieron un alza mayor en por­centaje.

Teniendo en cuenta estos elementos matemáticos, se puede afirmar que no es verdad lo que dice el Gobierno de que su principal preocupación son los sectores sociales, como educa­ción, salud y afines. Si así fuera, en el año que pasó no hubiera sido muy bajo el porcentaje del aumento de fondos que destinó para financiarlos, como señalan las cifras ejecutadas, según Hacienda.

Otro punto objetable es que el Estado sigue incrementando sus gastos sin importarle mucho los saldos negativos de su balance. Va elevando su endeu­damiento sin tener recursos genuinos propios para solventarlos.

Por eso ayer, martes 14, empezó la tarea de ofrecer bonos de la deuda para conseguir dinero con que enfren­tar su déficit. Lo que significa seguir endeudándose, incluso para pagar sus débitos. La subasta anunciada por la administración estatal fue por valor de 234.234 millones de guaraníes.

Consiguiendo ese dinero se tiene pen­sado recuperar bonos internos que vencen en este mes, de un total de 511.570 millones de guaraníes, que se debe amortizar este año. Otra parte de los fondos que se obtengan se utili­zará para cubrir gastos corrientes y de inversión.

Como puede verse, el manejo admi­nistrativo y financiero del Estado sigue teniendo muchos reparos, pues desde ningún punto vista es saluda­ble seguir aumentando el endeuda­miento, que tiene que tener un corte para no seguir el desequilibrio. No se puede seguir cargándoles irresponsa­blemente con más obligaciones a los gobiernos que vengan después. Al final el costo lo tendrá que pagar el contri­buyente, y el descalabro será para las finanzas del país.