El jueves de la semana anterior se llevó a cabo en Buenos Aires la Quincuagésimo Séptima Reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná en que nuestro país pidió a la Argentina la eliminación del peaje que cobra en el río Paraná. La petición paraguaya, que estaba apoyada por los representantes de Bolivia, Brasil y Uruguay, fue rechazada por las autoridades argentinas que señalaron que seguirán cobrando la tasa que unilateralmente decidieron imponer a las naves que surcan en el tramo del Paraná que va de Santa Fe hasta la confluencia con el Río Paraguay. De ese modo, las naves que traigan o lleven mercaderías de Paraguay o de los otros países seguirán siendo castigadas con el cobro de esa imposición monetaria, como una demostración de la tan mentada hermandad argentina, a pesar de las normas de libre navegación suscritas por ese país y que rigen para todas las naciones involucradas.
Fuentes de la Cancillería nacional indicaron que en el referido encuentro internacional sobre la hidrovía convocado a pedido de Paraguay, se solicitó la derogación de las disposiciones administrativas del Ministerio de Transporte argentino, que, a través de dos resoluciones, la número 625/2022 y 1023/2022, había impuesto el cobro del peaje en el río Paraná en zona de dominio argentino. Los representantes de nuestro país expusieron los efectos negativos que la medida ocasionará al comercio de Paraguay y la necesidad de suspender su aplicación, postura que fue apoyada por las delegaciones de Bolivia, Brasil y Uruguay. Pero los argentinos se negaron y reiteraron que la imposición sigue vigente.
De este modo, se está ante un hecho totalmente inadecuado desde el punto de vista jurídico, el que la resolución de un ministerio de la Argentina tiene mayor valor que lo establecido en acuerdos internacionales, que tienen un peso legal muy superior. Aparte de ser un gesto poco amistoso, la medida es totalmente contraria a una disposición legal. Una resolución no es superior a un decreto, menos a una ley y mucho menos a un tratado internacional, por la simple prelación de las normas jurídicas. De acuerdo con la jerarquía normativa, hay normas que son superiores a otras, y en caso de existir una contraposición, rigen las de mayor importancia jurídica. Pero para las autoridades del vecino país, curiosamente, no existe tal jerarquía legal, teniendo en cuenta el comportamiento demostrado.
Algunas de las disposiciones internacionales que la Argentina está vulnerando son las del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, en que se precautelan la libertad de navegación y de tránsito de las embarcaciones, bienes y personas de los países signatarios por la hidrovía Paraguay-Paraná. Según un escrito de la cancillería, “estas disposiciones establecen, entre otras cosas, que solo podrá cobrarse tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados, sin discriminación a causa del origen de la carga de los puntos de partida, de entrada, de salida o de destino o de cualquier circunstancia relativa a la propiedad de las mercancías, de las embarcaciones o de la nacionalidad de las personas”, cosa que no ocurre en este caso.
La aplicación del peaje impuesto por la Argentina es de 1,47 dólares por tonelada de la carga transportada por las naves de bandera internacional que pasen por el tramo del Paraná comprendido entre el puerto de Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay. Se estima que esa tasa implicará para nuestro país alrededor de 55 millones de dólares de sobrecosto a las mercaderías transportadas por ese tramo fluvial.
El Gobierno nacional no puede aceptar la imposición argentina y debe realizar todas las gestiones posibles para hacer valer los derechos que está conculcando el vecino país. Si cabe, tiene que recurrir incluso a las instancias internacionales para pedir un arbitraje para que se revea la medida. Es inaceptable en las condiciones actuales el cobro del peaje porque no responde a ninguna contraprestación realizada por la Argentina en ese tramo del río Paraná. La cancillería tiene que articular una estrategia inteligente para enfrentar la situación. Ya esperó mucho desde fines de setiembre del año pasado en que se conoció la primera resolución del Ministerio de Transporte de Argentina sin haber hecho mayormente nada para impedir la concreción del peaje.