Hace apenas cuatro meses, a las 13:25 del día 22 de setiem­bre del 2022, un sicario de la frontera paraguayo-brasileña asesinaba a tiros frente a la emisora en que trabajaba al periodista Humberto Coronel, en Pedro Juan Caballero. El efectivo poli­cial que debía montar guardia en el lugar se encontraba en otro sitio cercano y eso faci­litó la ejecución del trabajador de la comu­nicación, que ya había sido amenazado con anterioridad, igual que otro de sus com­pañeros. Ese hecho hizo recordar aquella fatídica jornada del 26 de abril de 1991, Día del Periodista, el atentado contra Santiago Leguizamón, en la misma ciudad, ocasión en que mataron a un primer periodista conocido en la historia reciente. Legui­zamón también había recibido amenazas de los bandidos de la frontera por algunas publicaciones realizadas en aquel entonces.

La recordación viene a cuento de las inti­midaciones que están recibiendo última­mente algunos trabajadores de la comu­nicación de medios de parte de gente vinculada al delito que está molesta por la divulgación de ciertas informaciones. Y señalar que la tarea de informar es una de las más riesgosas del mundo. Debido a ello los comunicadores están entre los que han sufrido más ataques a su seguridad, en muchos casos con el irremediable saldo de la muerte. Lo cual autoriza a afirmar que el periodista siempre está en peligro por el solo hecho de tocar algunos temas que molestan a los malhechores de los más diversos signos. Lastimosamente, en nues­tro país no hay suficiente conciencia de esta situación, por lo que habitualmente los comunicadores no reciben ninguna o muy escasa protección.

Con motivo de las amenazas recibidas recientemente por la emisora de la Univer­sidad Católica, radio Cáritas, el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martí­nez, señaló que las intimidaciones son una cuestión delicada, y que las autoridades nacionales deben resguardar la seguridad de las personas afectadas por este peligro. “Es un hecho grave y punible que debe ser debidamente investigado por las autorida­des competentes para resguardar la segu­ridad e integridad de las personas afecta­das”, expresó el arzobispo. Hasta ahora no se tiene información suficiente sobre la actuación de las autoridades en este caso concreto.

Hasta el 2022, las denuncias realizadas por las amenazas recibidas han quedado sin la debida investigación y sin ningún castigo. Así indican informes provenientes de la Coordinadora de Derechos Huma­nos del Paraguay (Codehupy), la enti­dad que procesa dicho tipo de acusacio­nes. Lo peor es que, a pesar de constituir hechos de suma gravedad, las institucio­nes y menos las autoridades competentes en la materia no se preocupan ni actúan para disminuir los riesgos que corren los trabajadores de la comunicación por las amenazas recibidas.

Aparte del peligro físico que entrañan las campañas de intimidación contra los exponentes de la comunicación y su segu­ridad, hay que consignar que las amena­zas van contra los derechos de la libertad de prensa y expresión consagrados por el artículo 26 de la Constitución Nacional. La ciudadanía tiene el derecho de reci­bir suficiente información sobre los más diversos asuntos de su interés. En torno a este punto, la Carta Magna consigna en el artículo 28: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, res­ponsable y ecuánime”, así como establece la libertad del ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas, que es libre y no está sujeto a autorización previa.

Otra de las grandes falencias del gobierno actual es que no se preocupa del tema de la seguridad de los comunicadores, y solo actúa cuando se le reclama algún caso con­creto.

Las autoridades nacionales deben tener presente que la libertad de prensa es una de las más importantes instituciones de cualquier sociedad democrática. Por lo que no pueden dejar de proteger la segu­ridad de los trabajadores y las entidades dedicadas a la comunicación. No hace falta que asesinen a otro comunicador para que tomen conciencia de los peligros que con­lleva esta situación.

Resguardar la seguridad de los medios de comunicación y de los trabajadores de la prensa es el único método que puede garantizar con efectividad la libertad de prensa y expresión. Cualquier intimida­ción, persecución o ataque es inaceptable, por constituir un atentado contra uno de los valores más preciados de una sociedad libre y democrática.