El Ministerio de Hacienda anunció que recomendará al Presidente de la Repú­blica promulgar la Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2023 sancionada por el Legis­lativo, a pesar de los aumentos e inconsistencias añadidas en el Con­greso. La cartera fiscal fue la más dura crítica contra el proyecto final apro­bado por los legisladores, señalando sus numerosos defectos. Pero a pesar de ello propone que entre en vigen­cia, porque buscará recortarlo con decretos especiales, aunque tiene la certeza de que todo lo que se recaude no alcanzará para cubrir los incre­mentos señalados. Lo que quiere decir que seguirá el déficit fiscal elevado por encima de lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera y se ten­drá que volver a hacer más préstamos para cubrir las erogaciones fiscales.

El nuevo presupuesto no da cumpli­miento a las recomendaciones téc­nicas de recortes fiscales, de achica­miento del Estado y de no aumentar el endeudamiento del fisco para gas­tos corrientes. Por consiguiente, el gobierno de Mario Abdo dejará como herencia a la administración entrante el 15 de agosto próximo un gran clavo económico y fiscal. Un presente que corresponde al desequilibrio fiscal que ha tenido el gobierno saliente en sus años de administración.

Yendo a los números, se tiene que la ley presupuestaria aprobada en el Congreso para el 2023 representa un 9,0% de aumento con relación a la Ley 6873 del presupuesto inicial vigente para este año. Porcentualmente no parece ser un fuerte incremento, pero el problema es que no hay cómo financiarlo sin recurrir a más présta­mos. Es decir, endeudar más al país para gastos que irán a salarios, nue­vos cargos creados y otras erogacio­nes corrientes, no precisamente a inversiones. Resulta el polo opuesto a todas las recomendaciones técni­cas de los organismos internaciona­les para tener un Estado con finan­zas equilibradas, lejos de la zozobra del alto déficit crónico y el peligro del default.

La norma que sancionará el Eje­cutivo prevé una estimación de ingresos superior a la que preveía recaudar Hacienda. La Cámara de Senadores incluyó un alza de recau­daciones tributarias de 184.210 millones de guaraníes, que no tiene sustento técnico, ya que no se sabe cómo y qué se hará para aumen­tar las percepciones fiscales. Si no podrán ingresar esos fondos, será un saldo negativo más en las finanzas públicas. Porque cubren salarios y gastos corrientes que no se podrán dejar de pagar.

El Congreso previó la creación de 2.900 nuevos cargos laborales, cuyas asignaciones monetarias son de cumplimiento ineludible, por lo que se tendrá que prestar dinero o utili­zar los fondos previstos para obras a fin de solventar los nuevos salarios.

El ministro de Hacienda explicó que reglamentarán los aumentos incluidos por el Congreso para bus­car reducir su impacto en los gastos del fisco. Dijo que con los decretos reglamentarios se puede dismi­nuir el golpe en un 50% a 75%. Por eso apuntó que la entrada en vigen­cia de los nuevos cargos creados por los legisladores se buscará hacer de manera gradual. Si bien con los alu­didos decretos se pueden mitigar los fuertes impactos de las nuevas asig­naciones, en el fondo el tema prin­cipal subsiste con todo su peso, por­que hay que conseguir más recursos financieros para dichos pagos.

El asunto presupuestario es uno de los temas más delicados en la vida de un país. Se trata del manejo y la admi­nistración del dinero que se recibe de los impuestos y que se destina a las erogaciones del Estado. Incluye los pagos a los empleados públicos y los requerimientos de entidades estata­les de gran trascendencia, como las escuelas y colegios, los hospitales, las fuerzas públicas, universidades y entidades de servicio imprescindibles para la ciudadanía. Por eso se consi­dera que la ley de presupuesto es la norma anual más importante de una nación.