La pesada herencia con institucio­nes prácticamente descuartiza­das por el bastardeo que sufrie­ron, la miseria imperante en todos los rubros y flagelos como el narcotráfico, el contrabando que se potenciaron durante la actual administración estatal, dejan un enorme desafío para el próximo gobierno de mejorar las condiciones de vida, pero principalmente combatir, de ser posible desterrar la corrupción posicionada en los últimos años.

La transparencia, la misma que emer­gió como política de gobierno en el 2014 mediante una ley que se constituye garantía en el Acceso a la Información Pública, es la herramienta clave para combatir la corrup­ción. Recuperar ese hábito de transparentar las gestiones en la administración estatal, rendir cuentas a la ciudadanía del destino de sus recursos es la base de ese desafío de sanear, limpiar la contaminación generada en este gobierno que es calificado como uno de los peores de la era democrática.

Estamos despidiendo a un gobierno que se instaló con la bandera de Paraguay de la Gente, pero terminó rediciendo ese eslogan al Paraguay de los amigos. La crisis sanita­ria es un hecho histórico, inolvidable de la angurria que caracterizó a quienes mane­jaron el país en estos tiempos, codicia que dejó a miles de familias mutiladas porque sus seres queridos no encontraron reme­dios, camas de terapia en el momento que lo necesitaron cuando sacaron US$ 1.600 millones en préstamos para el combate al covid-19.

Por cierto, hasta hoy día no vemos una ren­dición de cuentas de la ejecución de los prés­tamos de emergencia que subió a US$ 2.600 millones. Nos llenan de gráficos en los por­tales de las instituciones, pero no se sabe cómo realmente se utilizó ese dineral, quié­nes son los beneficiarios finales, quiénes facturaron, a cuánto, datos fundamentales del bueno de los recursos públicos.

Recuperar esa gestión transparente para controlar el uso de los bienes es el punto de partida. El Paraguay necesita recuperarse de los golpes, reivindicar su dignidad, sus derechos.

Quedan empleos por el suelo, hay que reconstruir fuentes de trabajo con los últi­mos informes estadísticos supimos que hay 300 mil nuevos pobres durante este gobierno, que cayeron 250 mil empleos. Los sistemas de salud tanto de la cartera estatal como del Instituto de Previsión Social (IPS) siguen haciendo sufrir a la ciudadanía, no hay cobertura eficiente.

El crimen organizado se estructuró, con­solidó un esquema de negocios, de exporta­ción burlando los controles del Estado como nunca. Las cifras de decomisos de cocaína en el exterior ridiculizan a nuestras institu­ciones, como si fuera poco, hemos visto a los propios ministros de este Gobierno en fra­ternidad con sindicados de narcotrafican­tes, de interés internacional.

El contrabando arrasa, ingresa fluida­mente. La aparatosa presentación de la Uni­dad Interinstitucional Anticontrabando quedó allí, el máximo ruido que hicieron fue aquel desafío que difundieron mediante una conferencia de prensa en la que dijeron que iban a atacar el contrabando por tierra, agua, aire.

Las licitaciones amañadas, sobrefactura­das, las multimillonarias ganancias de la empresa declarada por Mario Abdo Benítez detrás de los megacontratos de rutas desde el Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) son parte de ese Paraguay que se redujo a la familia y amigos del man­datario que relegó a mucha gente en este país, porque evidentemente las prioridades de la gente no están en los asfaltados.

Estos privilegios desmedidos, manoteo de recursos públicos en favor de los influyen­tes, sobrefacturaciones de insumos sani­tarios de emergencia, oscuros manejos del presupuesto estatal son los mecanismos que hacen florecer la corrupción y que el próximo mandatario elegido en las genera­les de abril deberá exterminar, de lo contra­rio seguiremos con esta acuciante situación, acogotando a la gente, privando del desarro­llo a las generaciones.

El próximo presidente de la República sabe de las necesidades de la gente y tam­bién tiene sobre la mesa el diagnóstico de un Estado asfixiado por la corrupción. De ahí que sanear las instituciones públicas es una urgencia impostergable, este país ya no aguanta, cero tolerancias contra la corrupción.

Fortalecer los entes de control, una ciuda­danía servida con información pública de manera eficiente y un gobierno abocado a pelear contra la pobreza, la corrupción es la esperanza en los hombres del poder que reemplazarán a los cuestionados que estu­vieron a punto de rematar este país.