Un sector muy olvidado, según las denuncias que trascienden, es el de los guardias de seguridad privada y dejan al descubierto una desidia inexplicable en cuanto a atención de problemas por parte del Ministerio de Trabajo que, necesariamente, requiere un giro para formalizar este oficio.Nuestro diario había publicado días pasados que 300 empresas de servicio de seguridad operan en negro en nuestro mercado al no cumplir con requerimientos del rubro de negocios, además de altos índices de informalidad laboral por la evasión de derechos básicos de los trabajadores. Esta cifra había sido proporcionada por el Departamento Especializado en el Control y Fiscalización de Empresas de Seguridad y Afines de la Policía que es la unidad que regula la actividad.
Desde esta dependencia también alertaron que las actividades sin cumplimiento de los protocolos establecidos han dejado fuera de actividad a unas empresas en los últimos dos años. Los números reflejan que este servicio es relegado cuando es muy requerido en el mercado y las compañías lucran millones por ello.
La Policía señala que las empresas que operan en negro no garantizan que el agente tenga una formación técnica, y menos aún que cuente con el carné correspondiente de habilitación para trabajar como guardia privado, documento que es expedido por el Departamento Especializado en el Control y Fiscalización de Empresas de Seguridad y Afines.
Hay una serie de requisitos que en la teoría rige dentro del rubro, primeros auxilios, manejo de armas y escenarios de disparo, combate contra incendios, técnica de seguridad personal, entre otras. Muy elementales para resguardar a las personas del área de cobertura asignado.
Además de los protocolos y reglas que evaden las empresas que operan en negro, arriesgan y mantienen en condiciones indignas a los que ejercen la tarea de seguridad en los diferentes ámbitos.
Desde el gremio de guardias de seguridad nos han confirmado que en lo que va del año han arribado al menos 1.000 denuncias al Ministerio de Trabajo por incumplimiento de normas laborales y multas aplicadas de manera arbitraria a los funcionarios.
Desde insólitos descuentos, cobro por uniformes, retaceo en el pago de salarios y derechos intocables como la remuneración del aguinaldo figuran entre los reclamos que rutinariamente tocan las puertas del Ministerio de Trabajo, confirmaba públicamente un gremialista del rubro en estos días. Estos recortes en los haberes de los trabajadores tiran por el sueldo el líquido que les queda y deben remar con G. 1.800.000 a G. 2.000.000 al mes.
Las quejas que se pueden ver en el sector contra el Ministerio de Trabajo muestran que no hay mucho interés en resolver los problemas a favor de los trabajadores y mucho menos aplicar las sanciones que caigan con todo el peso sobre los infractores para que al menos gradualmente vayan mermando los abusos contra los que ejercen el oficio de guardia de seguridad.
Un dato revelador de la falta de interés de este gobierno en resguardar y elevar el trabajo del sector es que los cursos de capacitación para guardias de seguridad han desaparecido de las ofertas del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal). Es decir, desde el mismo Estado que debiera promocionar políticas para mejor calidad de empleo hicimos brazos caídos al dejar sin acceso a este adiestramiento a miles de personas que, lamentablemente, no tienen la posibilidad de llegar a un cargo privilegiado y la tarea de custodia es una alternativa a primera instancia.
El Ministerio de Trabajo necesariamente debe cumplir con su rol constitucional de velar por el derecho de trabajadores y muy especialmente dar respuestas a las denuncias que llegan periódicamente a sus oficinas, según se pueden ver en redes sociales, confirmados por los gremios de trabajadores.
Existen cerca de 100 mil personas que se dedican a esta actividad de custodia y de las que dependen sus respectivas familias. Es un despropósito ignorar los reclamos y seguir desentendiéndose de los cientos de empresas que operan en negro arriesgando la seguridad de los clientes con planteles que no tienen la formación adecuada para brindar un servicio garantizado.
Los cursos para guardias de seguridad no pueden esperar más tiempo en volver a ser incluidos en las ofertas de las instituciones de formación del Estado. Garantizar el derecho a quienes ejercen el oficio comienza con la capacitación y el adiestramiento.