La eliminación física del jefe de uno de los grupos guerri­lleros del norte en un enfren­tamiento con efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ha dado lugar a numerosas reacciones en la socie­dad paraguaya. La gente del Gobierno la anotó como un triunfo propio, exponen­tes de las Fuerzas Armadas demostraron su satisfacción porque están dando resul­tado los esfuerzos realizados, los políti­cos tuvieron reacciones dispares, entre los que aplaudían y los que preferían el examen crítico, mientras que la mayo­ría de la población sigue atenta a ver qué puede pasar más adelante.

El hecho tiene gran importancia en el campo de la seguridad nacional y se puede anotar como un paso importante que ojalá lleve a una pacificación defini­tiva en un plazo corto.

No hay que cometer la ingenuidad de creer que, porque se abatió a tres guerri­lleros con el jefe a la cabeza, se va a extin­guir automáticamente ese grupo para­militar. Son organizaciones que tienen establecido quién sucede a los que caen en los enfrentamientos y qué deben hacer después de cada batalla. Su filosofía es la violencia en aras de un supuesto ideal político y prefieren morir peleando antes que negociar.

Este es un momento con una gran impor­tancia política que las autoridades nacio­nales deben aprovechar para extirpar los grupos criminales que quieren imponer sus ideas políticas a través de las armas. Una derrota militar siempre es un revés doloroso en cualquier lucha armada y constituye un golpe sicológico impor­tante.

Como según la Constitución Nacional, el Estado paraguayo es el que tiene el monopolio de la fuerza, no puede permi­tir que ningún individuo ni grupo haga el uso de las armas para imponer sus pre­tensiones políticas o de cualquier índole. Por consiguiente, debe reprimir, desar­mar y castigar a todos los que usen o quie­ran usar la violencia. Y tiene las de ganar conociendo su poderío militar, la fuerza de las instituciones y el apoyo de la ciu­dadanía. Pero para ello debe operar con inteligencia, haciendo un gran esfuerzo en el campo de batalla de los operativos militares.

De acuerdo con la experiencia vivida en muchos países, más tarde o más tem­prano, los grupos violentos, con siglas o sin ellas, han ido desapareciendo. Como ocurrió con la ETA en España, las Briga­das Rojas de Italia; Montoneros, ERP y otros en Argentina; Tupamaros en Uru­guay, por citar los más conocidos. Pero esa extinción no se dio por el mero trans­currir del tiempo, sino por las medidas acertadas tomadas por sus respectivos gobiernos tanto en el campo represivo, como en lo político y social.

Aquí en el Paraguay también sucederá lo propio, pero a cambio de que el Estado y sus instituciones especializadas realicen con eficacia lo que corresponde. Y cuanto más rápido y bien actúen, en menor plazo se tendrán los resultados esperados. Los organismos públicos especializados, como la FTC, tienen que darle más dina­mismo a su tarea de eliminar los gru­pos armados ilegales y su organización, apresando a sus elementos para pasarlos a la Justicia para que los castigue y repri­miendo con las armas cualquier intento de ataque de parte de los mismos. El país no puede tolerar que nadie, ni ningún grupo, siga matando personas, con el pre­texto o la ideología que fuere.

Desde marzo del 2008 en que apareció, este grupo violento ha asesinado a alre­dedor de un centenar de individuos, una dolorosa cantidad de vidas perdidas sin sentido, que no hay que permitir que con­tinúe.

Como la misión de las instituciones esta­tales no es solo eliminar a las diferentes agrupaciones de malhechores, las auto­ridades del país deben ser capaces tam­bién de edificar una nación generosa que incluya a todos, sin las diferencias odio­sas que hoy existen, bajo una misma ban­dera, la del bienestar de las mayorías. Y para ello deben poner en primer lugar los valores humanos más valiosos y articular un país que busque el bienestar general, mediante el trabajo, la actividad econó­mica y la justicia social que mire el inte­rés general.