El Censo Nacional de Población y Viviendas, previsto para el miércoles 9 de noviembre del 2022, tiene el enorme desafío de radiografiar al país en su condición de vida, pero principalmente nos debe dejar un análisis de cuánto nos golpeó la pandemia.

Las estadísticas que se generarán con las 65 preguntas indefectiblemente deben reflejar cómo se administró el Paraguay en los tiempos de pandemia.Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) sostienen que los datos resultantes de las consultas tendrán un alto grado de sensibilidad debido a los dos años de crisis sanitaria que golpearon la economía, entre otros sectores claves del desarrollo de cualquier nación.

Por ello, se torna importante que el feriado dispuesto para el censo de este año no solo se resuma a quedarse en casa ni solamente sacrificar un día del sector productivo, sino que estos esfuerzos económicos sirvan para medir qué tratamiento dieron a la crisis sanitaria y financiera, cuánto más perdió el país, además de las 19.525 vidas que se llevó la cruel pandemia del covid-19.

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Dos años después de la decisión vertical del Gobierno de aplicar el lema “quédate en casa”, primero con el discurso de ganar tiempo para poner en forma los hospitales como los diferentes puestos de salud y luego para esperar la vacuna anticovid, todavía quedan picando dudas de cuánto realmente hicieron para salvar vidas. Esto es esencial más aún porque las autoridades de la mayoría de las instituciones del Estado se escudan en los efectos de la pandemia para desviar responsabilidades.

No hay que olvidar que el crédito de US$ 1.600 millones, uno de los grandes préstamos que hizo este gobierno con el fin de fortalecer el sistema de salud pública y negociar la compra de vacunas, se convirtió en una situación poco clara debido a que no hay rendiciones de cuentas muy precisas de cómo exactamente se gastó. Con semejante deuda, en un Estado transparente se hubieran divulgado los costos covid publicando factura por factura, los beneficiarios finales de los negocios con las instituciones públicas, si se adquirió lo que realmente se necesitaba y todo cuanto haya.

No se ven cambios muy notorios en el sistema sanitario si se hace referencia al Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social al punto de que los pacientes siguen mendigando medicamentos, no encuentran camas de terapia y cuesta acceder a la atención médica, lo que se traduce en que la brecha de acceso a cuidados de calidad continúa muy distante entre la ciudadanía y el Estado.

La certeza que sí tenemos como ciudadanos es que perdimos cerca de 20.000 vidas y se han contagiado 460.800 personas y 8.000 estuvieron al borde de la muerte, luchando en terapias intensivas.

Es importante con todo esto que la ciudadanía se encuentre firme para responder las preguntas del Censo 2022. Es prioritario conocer las consecuencias de la desidia, la falta de liderazgo del Gobierno para apartar leales de puestos sensibles, pese a las serias denuncias de corrupción que permearon las administraciones del Estado en plena crisis sanitaria y de los que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se deshizo muy tarde, cuando la justicia ya les caía con imputaciones por uso indebido de los fondos covid.

Entre los casos de corrupción mediatizados durante la pandemia figura, por ejemplo, la fallida compra de los insumos chinos por parte de la cartera sanitaria que involucró a la firma Imedic, perteneciente a Justo Ferreira y su hija Patricia. Al respecto, el proceso judicial sigue pendiente y se estima la realización de un juicio oral en febrero del 2023. El clan familiar se encuentra fuertemente ligado a los hermanos parlamentarios Lilian y Arnaldo Samaniego, aliados políticos del presidente de la República.

Otro es el caso conocido como “tapabocas de oro”, que salpicó al extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo y otras 6 personas que fueron imputadas por lesión de confianza en pleno inicio de la pandemia.

Si bien es un hecho que la economía se encuentra contraída, es parte de la realidad el desempleo, la inflación, la inseguridad, la corrupción imperante con detonantes delitos como el contrabando, etc.; es necesario conocer los alcances de la pandemia, lo que calificará en números la eficiencia en gestión de crisis del Gobierno.

Si los nuevos datos reflejan que mejoró el acceso a la salud, educación y otros servicios básicos, se podrá estimar seguramente que algo se hizo con los US$ 1.600 millones. Pero si se acentúan los resultados negativos en empleo y pobreza comparados a los últimos que salieron y que refieren la generación de 300 mil nuevos pobres, hemos de al menos sospechar que varias cosas se manejan mal en este gobierno.

De ahí que es relevante hacer esfuerzos para que este censo de noviembre se realice fluidamente, que la ciudadanía aporte datos, al menos para tener una percepción de cuán profundo es el pozo en el que estamos y el grado de incidencia que puede tener el covid, el desinterés político o la corrupción.

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