Se halla actualmente a conside­ración del Congreso Nacional el proyecto de ley por el que el Ins­tituto de Previsión Social (IPS) pretende endeudarse por el equivalente a 240 millones de dólares para pagar sus deudas. La administración de Vicente Bataglia pretende obtener fondos para cumplir con sus obligaciones financie­ras con los proveedores de la institución, que han llegado a la elevada suma luego de los dos años de pandemia y debido a los manejos poco prolijos en materia de salud de la actual administración. Varios de estos hechos fueron denuncia­dos ante la opinión pública.

Con la mencionada ley la previsional buscará créditos del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de otras entidades bancarias del país y del exterior, porque en la actualidad no tiene suficientes fon­dos para hacer frente a su pasivo.

Una de las razones por la que algunos sectores se oponen a esta propuesta de préstamo es que la actual dirigencia del ente no es buena administradora. Esto se sustenta en que durante este gobierno y la actual administración de la enti­dad el monto de la deuda ha aumen­tado cuatro veces, ya que hasta el 2019 el endeudamiento rondaba los 400 mil millones de guaraníes, y se ha disparado hasta ascender en la actualidad a más de 1 billón 600 mil millones de guara­níes. Un incremento exageradamente elevado que los voceros del IPS atribu­yen a los problemas ocasionados por la pandemia, pero que para muchos oculta además una gran cantidad de malos negocios realizados por la entidad, y que representan uno de los puntos polémi­cos de la administración Bataglia. Por las deficiencias en el manejo de la salud y las desprolijidades administrativas, como el extraordinario aumento de la deuda, es que varios sectores de la ciuda­danía piden su alejamiento del frente de la institución. Sostienen que el hecho de que la deuda se haya incrementado cua­tro veces más es un indicador de su falta de capacidad en la conducción del IPS y uno de los más importantes argumentos para pedir su destitución.

Voceros del IPS explicaron que el cré­dito que se obtenga no se pagará con fon­dos provenientes de la caja de jubilados, sino con los recursos que ingresen en la institución por el concepto de salud. Este es un detalle de suma importancia porque del total del dinero que ingresa al IPS como aportes de los trabajadores y de los empleadores, una parte corres­ponde a los recursos que se deben des­tinar solamente al pago de las jubila­ciones de los asegurados y no se pueden utilizar para ningún otro fin, y la otra parte es para los gastos en salud, que es de donde se obtendrán los fondos para saldar la deuda que se pretende contraer con la ley. Uno de los principales argu­mentos para que se apruebe la ley para el préstamo es que solamente de ese modo podrán hacer frente a la deuda contraída con los proveedores de medicamentos y otros acreedores.

Una de las cosas que resulta difícil de entender es cómo el Instituto de Previ­sión Social, que es la entidad que más recauda en el país después del Ministe­rio de Hacienda, pudo haber llegado a elevar su endeudamiento por no pagar su cuenta a 1 billón 600 mil millones de guaraníes en los últimos cuatro años. Pregunta de la que surgen otros inevi­tables cuestionamientos: ¿en qué usó el dinero recaudado si no fue capaz de pagar sus compras en todo el tiempo transcurrido desde el 2019? ¿Qué garan­tías tienen los aportantes y la ciudada­nía de que el dinero que consiga con el préstamo que gestiona se administrará de manera adecuada?

Para asegurar el buen uso de los recur­sos que se están gestionando a través del proyecto de ley es necesaria la remoción de las actuales autoridades de la institu­ción y su reemplazo por gente capaci­tada. Tendría que ser una de las condi­ciones para dar andamiento positivo al pedido que aceleradamente están enca­minando los legisladores abdistas, muy ligados a la administración de Bataglia, como los hermanos Samaniego.

Si la institución necesita recursos finan­cieros para sus propósitos, los legislado­res tendrían que ver la conveniencia de aprobar el préstamo. Pero a condición de que haya gente que garantice que sean utilizados con capacidad administrativa y honestidad.