Entre los estertores propios del final que se aproxima irreme­diablemente, el gobierno del pre­sidente Mario Abdo Benítez, como aquel tiranosaurio cuya sombra le cobija, está dando sus últimas boqueadas. Al igual que su mentor constantemente admirado y reivindicado, a pesar de la sis­temática violación de los derechos huma­nos, incluyendo torturas, destierros, des­apariciones y asesinatos, tampoco admite errores. Se empecina en hacernos creer –vanamente, por cierto– que ha obrado correctamente en los últimos cuatro años, que se ha dedicado por entero a la patria y que ha establecido marcas históricas en salud, educación y obras de infraestruc­tura. Sin embargo, este último sector se redujo exclusivamente a la construcción de rutas, olvidándose de que se trata de un rubro complejo y diverso. Pero la cons­trucción de rutas fue siempre su priorita­rio interés porque, de manera indirecta, estaba (y lo sigue haciendo) beneficiando a su empresa proveedora de asfaltos: Aldia SA. Y por ese mismo motivo y mezquino interés, para su único beneficio perso­nal, se olvidó de los hospitales y escuelas, la provisión de agua potable, una mejor distribución de la energía eléctrica y el tratamiento de residuos sólidos y aguas servidas.

Al mandatario solo le importó aquello que pudiera aumentar su patrimonio personal y familiar. Decimos familiar porque uno de los principales lobistas y traficantes de influen­cias ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue el hermano de su esposa, Silvana Bo López Moreira. Y ejer­cía la función de ministro de esa cartera el hoy precandidato oficialista a la Presidencia de la República, Arnoldo Wiens. Es el círculo perfecto para que la corrupción continúe “a toda máquina” en el futuro si, por desgracia para la República, el ex pastor menonita lle­gara a ganar. Aunque la política se nutre de imponderables, en este caso es un hecho de imposibilidad casi absoluta que el elegido del Gobierno pueda aspirar al triunfo el próximo 18 de diciembre de este año.

Los casos de corrupción, nepotismo, pre­bendarismo, clientelismo y favoritismos que estamos publicando a través de nues­tro equipo de investigaciones son apenas la punta del iceberg de lo que se viene. Resulta que, cuando un gobierno se está yendo –y en este caso particular se está cayendo a peda­zos–, las denuncias empiezan a filtrarse desde el propio interior de las reparticiones públi­cas a través de funcionarios que perdieron el miedo a exponer los repudiables manejos de los recursos del Estado y las entidades bina­cionales. Hacemos la pertinente salvedad porque tanto Itaipú como Yacyretá se mane­jan como un órgano supranacional, donde la Contraloría General de la República no puede ingresar para auditar el manejo de las cuentas de sus administradores de turno. La primera misión que tendrá el próximo gobierno que asuma el próximo 15 de agosto del 2023 será abrir las puertas de ambas entidades a la tras­parencia para que, de una vez por todas, se acabe el alevoso robo que se está perpetrando al interior de sus inexpugnables dominios feudales del actual gobierno. El director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, hasta recurrió a la Corte Suprema de Justicia para impedir que los organismos de control puedan ingre­sar a la misma.

Los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá siguen siendo el gran misterio en plena época global de los gobiernos abiertos, modalidad adoptada también por nuestro país (pero nunca cumplida) y que debe entenderse como una “cultura basada en políticas públicas y prácticas innovadoras y sostenibles que se sustentan, a su vez, en unos principios de trasparencia, rendición de cuentas y parti­cipación, que promuevan la democracia y el crecimiento inclusivo”. El manejo arbitra­rio y discrecional de estas hidroeléctricas binacionales en las modalidades de aportes institucionales y económicos, contratacio­nes directas, “asesorías” para comunicación, contratación de “modelos” y hasta “ayudas para recreación” no podrán quedar impu­nes. De lo contrario, el próximo gobernante empezará su mandato con un anticipado des­crédito público. Y son, precisamente, estos oscuros personajes actuales, que se enrique­cieron robando a los pobres, quienes preten­den erigirse en catedráticos de la moral y la ética política. Pero, en sus últimas boqueadas, también están dando sus últimas tragadas. Y, sobre todo, coletazos a ciegas con la remota ilusión de que aún tienen chances de conti­nuar en el poder.

Cuatro serán los pilares ineludibles sobre los que deberá construir su gestión el nuevo jefe de Estado: eficiencia, honestidad, transparen­cia y responsabilidad fiscal. Este es el único y seguro camino que nos conducirá a una mayor inversión social en aquellos sectores eternamente postergados y marginados. La que, a su vez, impulsará el definitivo despegue de nuestro país hacia su destino de bienestar y progreso para toda la nación. Cada vez está más cerca el final de este caligulesco período de corrupción, inmoralidad, abuso de poder e impunidad. El pueblo tiene memoria.