Una institución que generalmente pasa desapercibida en las noti­cias es la Dirección Nacional del Transporte (Dinatran), excepto cuando surgen aumentos en el costo del pasaje de larga distancia. Sin embargo, esta entidad pública, como muchas otras, no escapa, lastimosamente, al clientelismo político y el bastardeo de las normas en la ejecución de los gastos que se cargan a los contribuyentes.

Nuestro diario publicó en estos días la inmise­ricorde contratación de personal evadiendo el concurso de méritos, valiéndose de la urgencia gracias al recurso de incorporación vía excep­ción. Una primera camada de 23 y otra de 25 que ingresaron este año, además de algunos hijos de directores de la institución que se ubi­caron sin la competencia previa que, en un Estado serio y competente, es regla principal.

Nos enteramos de que en Dinatran los jefes ubican a sus hijos, se reparten cargos como si fueran empresas familiares. Lo más irritante es que vulneran reglas de la función pública interfiriendo en las posibilidades que pudieran tener personas capacitadas.

Sin embargo, estos festines con cargos públi­cos son exclusividad de Dinatran y vienen dándose con mayor intensidad en los últimos años, tal es así que son contados los ingresos al Estado por concurso de méritos.

Tras la difícil pandemia por el covid-19 vimos, por ejemplo, cómo en el Ministerio de Justi­cia, el actual ministro Édgar Olmedo, en plena campaña proselitista, metió operadores polí­ticos de su departamento, específicamente de la ciudad de Coronel Oviedo. De 10 recomen­dados que había contratado sin concurso, el secretario de Estado pidió 763 nuevas con­trataciones al Ministerio de Hacienda, escu­dándose en la emergencia sanitaria, lo que demuestra que no hay piedad en devorarse la plata del Estado.

Si recordamos Yacyretá, a su director Nica­nor Duarte Frutos, también podemos referir una gigantesca agencia de empleo en la bina­cional. Los medios se hicieron eco en los últi­mos tiempos de que cerca de 350 funcionarios vinculados a su movimiento fueron ubicados en la hidroeléctrica y que estos cuestan US$ 1 millón al año en salarios y demás beneficios.

Una ofensa para la clase trabajadora, para los jóvenes que se esmeran en prepararse y seguir una carrera universitaria con el fin de crecer en la vida. Entre los privilegiados de Nicanor están maquilladoras, fotógrafas operadoras políticas, cantante, hijos de ex leales suyos de su época presidencial, familiares, etcétera.

Otros escandalosos casos sonaron en el Minis­terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con el trascendido de que una radió­loga, sin experiencia en obras, relegó a exper­tos e ingenieros e ingresó como asesora en sus inicios, convirtiéndose luego en directora, gracias al respaldo del ministro de la pasarela “de oro”, Arnoldo Wiens. Como si no bastara, antes de dejar el cargo, el hoy precandidato a la Presidencia de la República, gran ejecutor de asfaltados, nombró al hijo de su operadora en esta cartera, mediante un concurso que refleja más sombras que luces sobre los méritos del joven sin título universitario.

Tampoco se pueden olvidar los famosos aseso­res vip contratados mediante organismo inter­nacional, mecanismo que sirvió para contra­tar a más de 200 personas, en teoría expertos, mientras que, en la realidad, sufríamos caí­das de puentes y corrupción galopante en los proyectos de Obras Públicas como el puente de ñandutí totalmente sobrecargado de pre­cio, dictaminado así por la misma Contraloría General de la República.

El rol de la función pública pasó totalmente desapercibido ante todos estos casos de clien­telismo, bastardeándose las normativas. El concurso de méritos que es un recurso válido para que el Estado se fortalezca con personal capacitado, prácticamente se eliminó en este gobierno o al menos perdió protagonismo, tomando en cuenta la repartija de cargos a dis­creción que se menciona. Necesitamos recu­perar la seriedad, la transparencia, la respon­sabilidad y la equidad en la incorporación de funcionarios estatales. Requerimos de servi­dores idóneos y eso implica méritos.

El Gobierno no puede seguir pegándose el lujo de despilfarrar el dinero de los contribuyen­tes. Los recursos de excepción existentes para casos de urgencias no deben ser manipulados para ubicar amigos, es un riesgo y un derroche.

En estos tiempos electorales implican un peli­gro, además, porque los recomendados tienen compromisos con sus padrinos y no con el Estado, lo que agrava aún más la situación por­que los intereses se vuelcan hacia lo particular.

Los hechos de prebendarismo y amiguismo en las contrataciones del Estado deben ser denun­ciados, es la manera más eficiente del com­bate al mal uso de los recursos públicos, ante la ausencia de las instituciones pertinentes.