La insensatez de este gobierno, al pare­cer, no tiene límites, que algunas administraciones públicas continúan con una agenda de buena vida con gas­tos grotescos a costa de los sufridos contribu­yentes.

Increíble que, pese a esta profunda crisis eco­nómica que afrontamos y en pleno proceso de recuperación tras la pandemia del covid-19, se observen licitaciones de grandes banquetes en nuestras instituciones públicas. La compra de bocaditos, bufetes caros es un desprecio al pre­supuesto del Estado.

Es intolerable para la ciudadanía que soporta miserias enterarse, generalmente a través de la prensa, de licitaciones de abusivos festines en marcha. Hace un par de meses, una licitación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por G. 600 millones para contratar “servicio de ceremonial, gastronómicos, audiovisuales y otros para eventos de ceremonial y protocolo” con precios extraordinarios, desataba escándalo en redes sociales, gracias a publicaciones perio­dísticas. Había trascendido que tenían prevista la compra de leche a G. 30 mil el litro, café a G. 35 mil y el menú para cenas y almuerzos cotizaron a G. 200 mil cada uno, una cifra que implica un exabrupto en estos tiempos.

Antes de esto también fue escándalo la compra de Dinatran en la que establecían precios exor­bitantes de sus menús y entre los que figuraban por ejemplo jugo a G. 38.200 el litro, una burla para los contribuyentes.

Recientemente, saltó otro alevoso caso en el Senave. Nuevamente, publicaciones periodísti­cas revelaron el llamado para compra de cocido negro a G. 43 mil el litro, asado a G. 101 mil por persona, como suele ocurrir, tuvieron que rea­justar los precios referenciales, hasta final­mente dejar sin efecto esta licitación que casi nos cuesta G. 250 millones. Cabe subrayar que, en los tres casos mencionados, por la presión, las instituciones tuvieron que cancelar el llamado.

Este esquema de despilfarro es algo cotidiano en el Estado, lastimosamente. Una seguidilla de escandalosos casos vimos en estos meses, por ejemplo, en Petropar con la licitación para com­pra de regalos, obsequios corporativos donde se estipulaban millones y millones de guaraníes. No faltan por supuesto los famosos gastos en publicidad como es costumbre para mantener la paz, principalmente en instituciones que son siempre foco de denuncias de corrupción.

Gastos como los mencionados en su momento fueron suspendidos durante la pandemia. Un decreto presidencial fue la herramienta para cancelar estas compras en tiempos de crisis, lo que sugiere que son costos de los que podemos desprendernos. Pasamos el tiempo duro de la pandemia y algunas instituciones parecieran estar ansiosas en volver a abrir la canilla con desmesurados gastos que no son imprescindi­bles como los finos bufetes que van de contra­mano con la realidad, las carencias de un país que ruega mejor acceso a la salud, la educación, seguridad, etc.

A estos banquetes que despiertan la ira de la ciu­dadanía se suman muchas otras compras que suelen ser objeto de cuestionamientos porque no se apiadan del dinero público. Sobreprecios en licitaciones de todo tipo son denunciados periódicamente como parte de festín. Existen administraciones públicas que no se compade­cen a la hora de estimar precios referenciales, ocurre en varios rubros como los destapados en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), donde tasan adquisición de muebles a costos altísimos a través de negocios premium, cuando en esta institución se dedican a la forma­ción de mandos medios de donde egresan alum­nos con admirable capacidad en la fabricación de mobiliarios y otros.

Para ejemplificar el despiadado uso de los recur­sos existe un montón de casos, por citar se pue­den mencionar las “paradas de oro” del MOPC, las millonarias contrataciones de limpieza y seguridad en diferentes reparticiones del Estado que rayan lo absurdo, las contrataciones que terminan sin cumplirse, principalmente en el rubro de la construcción como las obras paradas en licitaciones del MEC, son algunas formas en las que se tira el dinero público en detrimento de las urgencias que agobian al país.

Hay que pelear contra estos asaltos a la ciudada­nía, camuflados con distintas maniobras admi­nistrativas, cuantas veces sean necesarias. Si los inescrupulosos encuentran blancos administra­tivos para derrochar y malgastar en la ejecución del presupuesto público, necesariamente deben encontrarse con el muro de una ciudadanía atenta y cuidadosa del patrimonio estatal.

Los papeles aguantan, pero la gente no. Por ello, los funcionarios, las autoridades responsables de la gerencia de los bienes públicos deben estar bajo la lupa continuamente.

La transparencia, la constante auditoría y moni­toreo de los gastos son un derecho de todos. Cuanto más se expanda el control, mejores serán los resultados. La sociedad no debe decli­nar en su iniciativa y en su compromiso de vigi­lar el uso de los recursos del Estado.