Más de un centenar de focos de niños, niñas y adoles­centes en situación de vul­nerabilidad se encuen­tran dispersos en el Área Metropolitana, según las estadísticas que se desprenden de los reportes de instituciones interven­toras pertinentes. Esta terrible condición es una problemática con soluciones his­tóricamente postergadas si hablamos de proyectos que realmente ataquen el mal.

En Paraguay seguimos lamentando niños y niñas, adolescentes en condición de calle, expuestos y sometidos a diversos tipos de viola­ciones en sus derechos e integridad. Más peno­samente, la terrible situación se ha expandido, ya no es solo un flagelo en Asunción o el Área Metropolitana, sino de todo el país con impor­tante aumento principalmente en ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero, según viene haciéndose eco la prensa en los últimos años. Las denuncias que llegan al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, a través del Dispo­sitivo de Respuesta Inmediata-DRI Calle que involucra tareas con la Codeni de Asunción y la Policía Nacional, suelen revelar cifras alar­mantes sobre las condiciones de calle de meno­res, principalmente en reportes tras los fines de semana.

Los informes notifican que, en la segunda semana de este setiembre, fueron abordados 258 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social en el Área Metropoli­tana. Los números oficiales proveídos no son para nada alentadores más aún cuando a dia­rio somos testigos de cómo viven estas familias en los semáforos y otros puestos; una absoluta indigencia que tristemente se ha vuelto coti­diana.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) en su reciente informe señala que el 37,9% equi­valente a 935.775 niños, niñas y adolescen­tes viven en la pobreza total, donde el 31,6% corresponde a pobres no extremos y el 6,3% a quienes se encuentran en la pobreza extrema. Casi un millón de menores en una realidad de pobreza; sin embargo, seguimos tibios en estra­tegias y con resultados cuyo impacto no ve.

Evidentemente se requieren de programas y políticas más agresivas contra esta situa­ción de vulnerabilidad de nuestros menores en las calles. Lo ilegal y lo inhumano no pue­den seguir a la vista de todos, hay que apostar al fuerte combate contra esta desdicha, hasta eliminar este mal que tiene en sufrimiento a una gran parte de nuestro país, según refieren las estadísticas. Además de la condición de vul­nerabilidad en que vive esta parte de nuestra población por la falta de cobertura estatal, las denuncias que le afecta refieren un montón de otros riesgos y abusos que sufren. Por ello es intolerable seguir dilatando soluciones reales y de profundidad a lo que ataña a esta proble­mática.

Un Estado serio y responsable debe seguir una hoja de ruta que apunte, ya sea a corto, mediano o largo plazo, a soluciones factibles. No existe familia, ser humano que reniegue de su dere­cho como persona, lo que existen y abundan lastimosamente son excusas por parte de las autoridades que frecuentemente se tiran la pelota sobre las causas de este mal que debe­mos sanar, tarde o temprano.

Es más que seguro que los paraguayos y las paraguayas ya no queremos ver niños y niñas, adolescentes en condición de vulnerabilidad; esto implica solución de raíz. Es sabido que en la calle, además de la indigencia, el someti­miento a un trabajo que no corresponde como el de limpiar vidrios, etc. los exponen y son víc­timas de drogadicción, abusos, prostitución, ludopatía y varios otros hechos de violencia en la integridad.

El siguiente gobierno y seguramente los demás sucesivos deberán fortalecer todos los esfuer­zos, porque esta deuda de solución que arras­tramos con relación a los menores en condición de calle no puede esperar más, es una urgen­cia cuyas respuestas se tornan cada vez menos postergables. Actores políticos, de la educación, de los organismos de control y seguridad, del derecho público como de instituciones de con­tención y de emergencia deben estar listos. Por supuesto, un gobierno sensible y empático que pise tierra será fundamental para mover estas estructuras que se enfoquen prioritariamente a esta realidad que urge mejorar.

Para el objetivo es también evidente que se des­tinen presupuestos más realistas a las nece­sidades que requieren ser atendidas. Prever recursos que financien tareas con miras de brindarles oportunidades a nuestros niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulne­rabilidad es una de las mejores inversiones que el Estado puede tener como iniciativa.

No escatimar presupuesto y articular organi­zaciones gubernamentales para atender este sector olvidado por años con el objetivo de reducir gradualmente las críticas estadísticas. Como ciudadanía debemos ejercer presión en estos tiempos electorales para que el próximo gobierno asuma y ejecute el compromiso de trabajar y solucionar este tema tan sensible de vulnerabilidad social en la que se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes.