Un año después de salir a la luz el insólito caso de permisos especiales firmados por el ex ministro Arnoldo Wiens con privilegios sin precedentes en la Fun­ción Pública para que 15 inspectores de la Patru­lla Caminera cobren salarios y todos los beneficios durante 3 años sin trabajar, una auditoría confirma que efectivamente desde el Estado se pagaron G. 4.600 millones sin la contraprestación de los servi­cios pertinentes. Es decir, que el hoy precandidato a la Presidencia de la República por el oficialismo firmó resoluciones con los que avaló el planille­rismo de un grupo de funcionarios y con ello des­pilfarraron millones a costa de los contribuyentes.

El informe final de una fiscalización especial inme­diata realizada por la Contraloría General de la República a la Dirección Nacional de la Patru­lla Caminera dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirma que quince inspectores generales percibieron sus habe­res de forma ininterrumpida durante tres años sin tener que trabajar. Esto se dio gracias a permi­sos especiales que fueron autorizados por Arnoldo Wiens, entonces ministro del MOPC y hoy precandi­dato a la Presidencia de la República por la Asocia­ción Nacional Republicana (ANR).

El mencionado dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) señala que estos 15 inspec­tores vip de la Caminera percibieron un total de G. 4.672.025.979 durante 36 meses, provocando de esta manera un perjuicio al Estado considerando que no existen contraprestación de servicios.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

Según el referido informe de la Contraloría estos per­misos proporcionados fueron por “galardón”, una licencia especial que se les concede a funcionarios destacados en sus labores, que no es el caso de los 15 inspectores de la Patrulla. En realidad, es la figura más ligera a la que acudió el ex ministro para dilatar el pase a retiro de estos uniformados porque ninguno de ellos ha tenido hazañas extraordinarias en sus labo­res, al contrario, entre la camada aparecen varios con denuncias en contra en tiempos que se desempeñaban como agentes operativos.

Pese a que no existen méritos en el permiso por galar­dón que Wiens firmó a los 15 inspectores, la concesión fue renovada durante tres períodos. Esta anuencia de quien fuera la máxima autoridad del MOPC, cartera de la que depende la Patrulla Caminera, no pasó por una evaluación que justifique la serie de resoluciones que firmó, dejó asentado entre sus observaciones la Contra­loría General de la República.

Los gastos no fueron justificados debido a que no exis­ten servicios prestados, subrayó en su informe la Con­traloría, pero allí quedó. Nadie puede negar, de hecho, que abogados especialistas en derecho administra­tivo y con conocimientos de las leyes que rigen en la Función Pública que avalar el pago por contrapresta­ciones no recibidas es lesión de confianza y, por el otro lado, es cobro indebido de honorarios o salarios.

Sin embargo, esta perversión administrativa no activó las alarmas de los organismos responsables. La Contraloría se limita a señalar en que debe haber una mejor gestión del departamento de Recursos Humanos y no derivó hasta hoy el caso al Ministe­rio Público. Así también las unidades anticorrupción como la propia Fiscalía están aplicando ceguera y oídos sordos al tema.

Esta situación, además de humillar a los organismos de control y anticorrupción que adoptaron un severo silencio como brazos caídos con relación al largo plani­llerismo costeado con dinero público genera, además, mucho descontento dentro de la institución afectada debido a que los funcionarios ven cómo se desmorali­zan sus autoridades dando lugar a una anarquía en la que de vuelta pierde el Estado.

El ex ministro Wiens, obviamente blindado al extremo por el mandatario de la República, se refirió a lo sucedido en la Patrulla como “un refrito”. Sub­estimó el gran perjuicio y suavizó los alcances de la auditoría diciendo que se cumplió con las sugerencias de mejorar cuestiones de Recursos Humanos.

En un país donde la gente intenta levantar la cabeza dos duros años de crisis económica y sanitaria por la pandemia del covid-19, las expresiones del pre­candidato no se pueden tomar de otra manera sino como un desprecio por las necesidades de la ciuda­danía. Un guaraní que se derroche o se malgaste implica un perjuicio para las arcas del Estado y los bienes públicos.

“El refrito” al que se refiere con tanta indiferen­cia el ex ministro Wiens equivale nada menos que a G. 4.600 millones de recursos del Estado que fue al tacho, pudiendo ese dinero utilizarse para mejoras en salud, educación u otras carencias. La cifra es un dineral para la mayor parte del país que sí requiere de los servicios públicos por no contar con salarios ni beneficios privilegiados como sí los tienen los que gobiernan esta República.

Recuperar ese dinero y aplicar las sanciones legales pertinentes por las malas actuaciones tanto a quien avaló este esquema descarado de planillerismo como a quienes se beneficiaron indebidamente es una obli­gación constitucional de las instituciones responsa­bles de velar por el patrimonio del Estado.

No se puede seguir bastardeando las normas para beneficio de algunos inmorales que solo piensan en sus bolsillos y no en el interés de la colectivi­dad a quienes se deben porque son los que sostie­nen este país y la pesada estructura pública con sus impuestos.

Dejanos tu comentario