La seguidilla de golpes que dan los grupos criminales en las cárceles son demostra­ciones de poder que nos indican que el Ministerio de Justicia está prácticamente doblegado ante los delincuentes.

No existe seguridad en las cárceles de nuestro país.

Las organizaciones delictivas han ganado tal fuerza que son las que ejercen el dominio en las cárceles, había mencionado hace un mes uno de los miembros del sindicato de los agentes penitenciarios tras per­petrarse la fuga de 35 reclusos de la sede de Misio­nes. Lo dicho por este funcionario más la serie de amotinamientos, huidas, muertes y la interminable práctica de actividades ilícitas dentro de los estable­cimientos penitenciarios evidentemente dan por sentado quiénes gobiernan los penales.

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“Las autoridades entregan los penales a los crimi­nales, por ejemplo, Tacumbú es del clan Rotela; el de Pedro Juan Caballero pertenece al PCC. Prác­ticamente se adueñaron de las cárceles. Ellos son los que mandan, quienes deciden qué director o funcionario va a ser designado”, había señalado el agente penitenciario tras el citado aconteci­miento de fugas.

El descontrol, sin exagerar, generalizado da luz verde al libertinaje en la prisión. Todo lo que se debe prohibir se permite en las cárceles gracias al silen­cioso guiño de la corrupción.

Las redes sociales son sitios de ostentación de los privilegios que se dan los presos. Hacen ingresar teléfonos celulares, bebidas alcohólicas, electrodo­mésticos y comodidades que en teoría no deberían entrar a estos recintos.

Armas blancas y hasta de fuego, venta de estupefa­cientes, grupos criminales de peso que han montado verdaderos mercados dentro de las penitenciarías burlan el sistema penitenciario, principalmente en lo concerniente a la seguridad.

Nuestro diario había publicado una serie de eviden­cias de cómo los controles son frágiles en la entrada de la penitenciaría de Tacumbú. Camiones con con­tenedores totalmente cerrados fueron filmados por nuestras cámaras ingresando al penal más impor­tante de nuestro país sin la verificación por parte del personal de seguridad, pudiendo ingresar cualquier tipo de objeto punzante, armas o estupefacientes.

Los blandos controles en el ingreso a las peniten­ciarías se están tornando una bomba de tiempo la situación en medio de urgencias que afectan al sis­tema en sí desde hace años.

El ministro Édgar Olmedo, que desde sus inicios dijo no tener conocimiento ni ser experto en temas penitenciarios, está perdido en el camino y en 7 meses de gestión no envía al menos señales de que los esfuerzos se encuentran enfocados a posibles mitigaciones de la problemática. Desde que asumió, el actual secretario de Estado no ha pasado un solo mes en que no haya desastres en los penales.

En el reciente amotinamiento en Concepción, atri­buido de vuelta a uno de los grupos criminales bien posicionados en las cárceles de Paraguay, se pudo ver arsenal de armas, lo que demuestra lo vulne­rado que está el sistema de seguridad, de control de ingresos en ese lugar. Esto un poco más de un mes de haberse generado la treintena de fugas del penal de Misiones, a plena de luz del día y en medio de una cobertura policial-militar que fue aleatoria, según las versiones oficiales en ese entonces.

Olmedo habló en estos días chuleando los conti­nuos escándalos con los problemas de superpobla­ción, la falta de personal y medidas de requisa que aplican en las prisiones. Evidentemente el control preventivo que evite el ingreso de objetos punzan­tes, estupefacientes, bebidas alcohólicas está lejos de la realidad.

Las estrategias parche que implementa el minis­tro Olmedo demuestran que se abocan a apa­gar incendios y no a fortalecer las debilidades de control. Esto sin contar que el alto funcionario del Gobierno y varios de sus colegas se encuen­tran concentrados en la campaña política para las próximas elecciones, acortando tiempos de servi­cios al Estado, con lo que se anulan soluciones más profundas en varios ámbitos.

Las requisas no son otra cosa que un modus ope­randi que sostiene la extorsión, debido a que la entrada de productos u objetos prohibidos tiene su costo, es inocente pensar que este esquema no implica el negocio de alguien. Continuar con el sis­tema de incautaciones es seguir dando pie a la vigen­cia de un círculo vicioso de recaudación en negro que hoy día genera consecuencias extremas: la inse­guridad al límite.

Los sucesos de violencia, muertes, epidemia de adic­ciones en las cárceles deben frenarse. ¿Cuántas vidas más deberán perderse para aplicar medidas de controles eficientes en vez de las requisas? La pobla­ción penitenciaria está en urgencia extrema, los establecimientos se volvieron aguantaderos donde los que debieran pagar sus penas continúan delin­quiendo de diferentes formas.

El Ministerio de Justicia necesita recuperar el lide­razgo en el manejo de las penitenciarías. Rescatar estos establecimientos de la mano de organizacio­nes criminales es un objetivo que no se puede seguir posponiendo. Para ello se requiere de entendidos y estrategas en estos puestos sensibles para que las cárceles dejen de ser botín de recaudación en negro y centros de violencia.

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