El periodista Humberto Coronel fue asesinado de ocho disparos poco después del mediodía del martes cuando salía de la radio en que trabajaba. Sucedió en Pedro Juan Caballero, la capital del Amambay y una de las ciudades más violentas del país. El radialista estaba amenazado de muerte, y los efectivos policiales que vigilaban la emisora no impidieron el crimen, por­que, curiosamente, estaban lejos del lugar que correspondía resguardar. Se entera­ron del hecho cuando escucharon los diez tiros disparados por el asesino.

Humberto Coronel, de 33 años, traba­jaba en radio Amambay, perteneciente a la familia Acevedo, dos de cuyos miem­bros han sido asesinados por la mafia de la zona en menos de un año. Haylee Acevedo, hija del entonces gobernador Ronald Acevedo, quien fue muerta por sicarios, que asesinaron a otras personas en la ocasión, el 9 de octubre del 2021. En tanto que José Carlos Acevedo, enton­ces intendente de la ciudad, quien sufrió un atentado el 17 de mayo último frente al Palacio de Justicia local y murió el 21 de mayo por las heridas que le hicieron. La emisora tiene protección policial por las numerosas amenazas recibidas, lo que no impidió el martirio de Coronel en las inmediaciones de la radio.

Con el homicidio de este periodista llega a una veintena el asesinato de trabajado­res de la información ajusticiados por la mafia fronteriza. Aparte de muy lamenta­ble, el hecho demuestra la nula capacidad del Gobierno de resguardar la vida de los periodistas y la inutilidad de las fuerzas policiales para proteger a los ciudadanos ante el embate continuado de la delin­cuencia.

Las circunstancias del acontecimiento, el lugar en que se produjo el ataque, la radio en que trabajaba que pertenece a la familia del intendente asesinado en mayo pasado y la inacción de la Policía que sabía que Coronel estaba amenazado constitu­yen elementos que no se pueden dejar de señalar como raras coincidencias que se deben investigar seriamente. Son realida­des que muestran una situación de muy alta peligrosidad y que merece la atención más efectiva en materia de seguridad.

Ante este panorama surge una conclusión elemental, pero tremenda: si todo sigue de este modo, en Pedro Juan seguirán matando gente vinculada a la informa­ción y a otras actividades, y continuare­mos llorando el asesinato de periodistas y toda clase de personas. Porque las auto­ridades nacionales y sus fuerzas no sirven para hacer frente a los criminales debido a su ineptitud. Una conclusión lamenta­ble y triste que hay que admitirla con sin­ceridad, porque corresponde a la realidad cotidiana.

El Gobierno es uno de los principales res­ponsables de este deplorable panorama teniendo en cuenta que como autoridad del Estado paraguayo tiene que poner las condiciones de seguridad que requiere la ciudadanía. El propio ex gobernador Ronald Acevedo dijo que el Gobierno es cómplice de esta situación. Es que con este y otros acontecimientos luctuosos están demostrando las autoridades nacio­nales su falta de capacidad para garanti­zar la tranquilidad pública. Por sus actua­ciones recientes también están revelando su poco interés para afrontar la situación, pues prefieren dedicarse a los manejos de las internas del Partido Colorado antes que a la atención y remedio de los proble­mas existentes.

Las autoridades nacionales deben saber que esta situación de inseguridad extrema no se puede admitir como nor­mal o como parte de las contingencias habituales de la vida cotidiana. No. Y tie­nen que ponerse urgentemente a buscar las soluciones. A menos que quieran reci­bir el repudio generalizado de la sociedad paraguaya.

El Gobierno debe garantizar la protec­ción de los trabajadores de la prensa, la radio, la televisión y toda suerte de medios de comunicación. Y para ello tiene que establecer unidades especiales de la Policía Nacional que se encarguen de manera exclusiva a proteger al personal afectado. Dedicar efectivos de las fuerzas públicas suficientes en cantidad y bien entrenados para la protección de los loca­les de los medios y que ejerzan la custodia personal de los trabajadores de la comu­nicación en las zonas públicas y en sus domicilios. Especialmente en las zonas conflictivas y de acuerdo con los peligros que se detecten.

Los periodistas ejercen una de las profe­siones más peligrosas del país. Y no debe­rían seguir a merced de los delincuentes, como hasta ahora.