Sobre el filo del plazo final para la presentación del proyecto de presupuesto estatal, el Poder Ejecutivo entregó el último jueves al Congreso Nacional el documento que prevé la previsión de ingresos y gastos del Estado paraguayo para el ejercicio fiscal del 2023. La primera constatación es que las cifras presentadas contemplan montos superiores a los previstos para este año, que son precisamente más gastos, lo que revela que el anunciado achicamiento del Estado es una farsa que se parece a un cuento infantil, lindo de escuchar, pero sin sustento en la realidad.
El proyecto de ley entregado por el Gobierno al Congreso habla de un total de gastos de 102,6 billones de guaraníes (US$ 14.454 millones y déficit de 1,5%), pero realmente lo que pide es 105 billones de guaraníes (US$ 14.793 millones con un déficit fiscal de 2,3% del PIB) para hacer frente a todas las erogaciones que incluye el documento, con lo cual el aumento será del 9%.
Como se puede observar analizando el documento, el Ejecutivo recurrió a la misma estratagema de años anteriores de presentar un borrador de proyecto con un déficit fiscal del 1,5% del PIB para guardar las formas. Pero bajo la mesa, de hecho, propone que se apruebe una ley con más gastos por valor del equivalente a 339 millones de dólares y que incluya un déficit real del 2,3%. Es un proyecto de presupuesto estatal con dos caras, una para las apariencias formales y otra para afrontar la realidad, como ha venido haciendo esta administración.
Examinando los números, se observa que el total de gastos del aparato estatal se cubrirá con el 52% de fondos originados en tasas e ingresos de las entidades públicas, el 35% del dinero proveniente del cobro de impuestos, y el 13% restante se hará frente con nuevos endeudamientos públicos. Para hacer esta cobertura se contraerán deudas por valor de 1.860 millones de dólares, que resulta un aumento del 13,8% frente al endeudamiento previsto para el 2022. De los 1.860 millones de dólares de nuevas deudas, 427 millones de dólares se destinarán para el bicicleteo; es decir, el 22,9% para pagar los débitos que vencerán en el ejercicio fiscal, y el resto para financiar diversos proyectos que no tienen fondos propios con qué cubrirse.
La propuesta presupuestaria tiene prevista salarios para 1.750 nuevos empleados estatales, con lo cual se llegará a 316.838 personas que dependen del dinero estatal. Aunque la cantidad de nuevos funcionarios es solo un 0,5% más, los montos de la totalidad de erogaciones para los empleados públicos ascenderán al equivalente de 4.148 millones de dólares, un alza del 9% comparado con el monto inicial previsto para este año. Se estima que con ello el 70% de las recaudaciones obtenidas a través de los impuestos irá para los salarios públicos.
En los análisis del proyecto se ve que el Estado gastará alrededor del equivalente a un millón de dólares más por día solo en el salario de los funcionarios estatales. Según los estudios, este año se gasta un promedio de 10,4 millones de dólares diarios en los sueldos de los estatales, cifra que en el 2023 iría a 11,4 millones de dólares, lo que representa un incremento del 9,6%. Esto siempre que en el Congreso los legisladores no introduzcan nuevos incrementos, como suele ocurrir con frecuencia.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo durante la presentación del proyecto de presupuesto que se mantiene la política de racionalización del gasto público. Manifestó esto aunque el presupuesto prevé un 9% más de erogaciones, el doble de la tasa de inflación esperada.
Lo más objetable del documento sobre el que girarán las finanzas del país es que en vez de achicar al gigantesco aparato estatal, como se había escuchado en algunos discursos del Gobierno, prevé más erogaciones, más cargos públicos y mayor deuda estatal.
Mirando los números no se encuentra nada original. Y lo peor es que contempla los mismos defectos crónicos que los presupuestos de años anteriores, como los aumentos de gastos, alza del déficit y muchas nuevas deudas para seguir empantanando el crecimiento de la nación.