El gobierno de Mario Abdo Benítez acaba de recibir un duro golpe político ya que la Justicia acusó e imputó a Arnaldo Giuzzio, que había sido su ministro del Interior y hombre de confianza, hasta que se destapó la olla en febrero pasado. Y lo peor es que la acusación se fundamenta en su relacionamiento cercano con gente apresada en el Brasil por delitos vinculados al narcotráfico que había hecho favores y tratos especiales al ex ministro, de acuerdo con las investigaciones conocidas.
El juez del caso admitió la imputación hecha por el Ministerio Público que lo acusa de cohecho pasivo agravado, expresión que en palabras corrientes significa coima de gran nivel. Es por su cercano vínculo con el narcotraficante brasileño, actualmente preso en el Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, de quien habría recibido los favores.
La imputación la realizaron los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza, quienes el martes último realizaron el allanamiento de la vivienda del acusado de la que retiraron numerosos documentos y equipos para profundizar la investigación. Sapriza forma parte de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, al que pertenecía el asesinado fiscal Marcelo Pecci, y Legal a la de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La acusación de la Fiscalía señala que el ex ministro del Interior de este gobierno habría recibido coima del narcotraficante brasileño y que su vinculación data de un tiempo atrás. La estrecha relación del entonces ministro y el mencionado narco se produjo desde julio del año pasado hasta febrero del 2022 en que Marqués de Padua fue apresado en Brasil, de acuerdo con las documentaciones señaladas por el Ministerio Público.
La conexión se habría concretado cuando el acusado estaba en funciones como ministro del Interior en que aceptó favores personales y varios servicios del brasileño, según la acusación. Uno de ellos es el auxilio de blindajes para los vehículos de la Policía Nacional y otro, de carácter muy personal, cuando le prestó un vehículo blindado para ir de vacaciones al Brasil, en el 2021.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por este diario en febrero, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior de este gobierno, había utilizado para viajar y descansar en el vecino país una camioneta de la marca Kia con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la empresa Ombu SA, propiedad del brasileño Marqués de Padua, actualmente preso en su país.
Este hecho que demuestra la estrecha vinculación del ministro y el brasileño se conoció en febrero pasado mediante las publicaciones de La Nación, lo que motivó finalmente que el presidente Mario Abdo lo echara del ministerio que tiene que resguardar la seguridad del país y hacer la persecución de los delincuentes. Aunque, curiosamente, en ese momento no fue imputado por esa asociación con el acusado de narcotráfico, lo que está ocurriendo ahora mediante la actuación fiscal.
Como era de esperarse, Arnaldo Giuzzio salió a defenderse señalando que los fiscales están actuando como represalia por sus denuncias realizadas contra el ex presidente Horacio Cartes. Que todo se trata de una venganza, y presentó una recusación contra los mismos. Se olvidó de decir que existen hechos objetivos que lo vinculan con el narcotraficante Marqués de Padua, que él habría recibido coima de parte del mismo, y que existió un estrecho acercamiento entre ambos, como lo demuestran sobradamente las comunicaciones dadas a conocer recientemente por la fiscalía del Brasil. Si alguien tiene la conciencia limpia no necesita defenderse atacando a los investigadores, como está haciendo el acusado. Sería lamentable para el país que alguien sobre quien pesan numerosas acusaciones y pruebas de posibles delitos no fuera investigado por los organismos fiscales.
El Gobierno, que se encuentra totalmente abstraído por las internas del Partido Colorado, tendría que pronunciarse contra la asociación del ex ministro con la delincuencia internacional y no defenderlo acusando a la Fiscalía y a sus enemigos políticos. Porque además de ser una pésima propaganda política para su gestión, constituye un fuerte golpe a su credibilidad y la integridad de sus colaboradores anteriores y actuales ¿Quién en su sano juicio podría confiar en una administración estatal que albergó y defiende a personajes que están siendo investigados por delitos, como ocurre en este caso?