El Tribunal Superior de Justicia Electoral, por mayoría, concedió cobertura legal a un planteamiento exclusivamente político de la Concertación Nacional Para un Nuevo Paraguay, solucionando así un conflicto interno dentro de esta organización opositora.
Al reconocerla, con todos los requisitos presentados, aceptó la utilización del Registro Cívico Permanente, sin excepciones, como padrón base en las internas simultáneas que tendrán lugar el próximo 18 de diciembre. Los miembros de la máxima autoridad del sector tomaron su decisión sobre el filo del período de cierre estatuido para el reconocimiento de alianzas y concertaciones electorales, es decir, minutos antes de la medianoche del viernes 8 de julio. Esto ha provocado un lógico malestar dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), pues sus afiliados figurarán en los registros de un frente opositor del cual, obviamente, no son parte constitutiva. Premisas y conclusiones comprensiblemente lógicas, hasta tanto el derecho positivo apruebe unas internas abiertas, simultáneas y obligatorias.
Mientras eso no ocurra, todo es cuestión de interpretaciones subjetivas. Los apoderados del Partido Colorado ya adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.
Esta decisión fue predominantemente política. Algunos analistas de nuestro diario habían coincidido, semanas atrás, en que el ingreso del Frente Guasu y su Ñemongeta por una Patria Nueva a la Concertación tenía la garantía previa del sentido favorable del voto de los nuevos integrantes del TSJE: César Rossel, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y Jorge Bogarín, declarado “independiente”, aunque con fuerte identificación con el “luguismo”. Y tal presunción acaba de confirmarse.
Con el reconocimiento de la Concertación Nacional, la precandidata del centro-progresismo, Esperanza Martínez, considera que correrá en mejores condiciones de igualdad de oportunidad que su principal contrincante, Efraín Alegre, titular del PLRA, quien va por su tercer intento en procura de la Presidencia de la República. Perdió frente a Horacio Cartes en el 2013 y frente a Mario Abdo Benítez en el 2018. Derrotas sobre las que se construyó el actual escenario hipotético de que la única opción para triunfar ante los colorados debe partir de las entrañas de la izquierda.
Sin ese compromiso del voto asegurado de los representantes de la oposición en el TSJE, hoy transformado en certeza, probablemente el Frente Guasu iba a continuar con un proyecto aparte de este conglomerado ideológico de difícil compaginación.
En ese tiempo de espera de la resolución del TSJE se dijeron mayúsculos disparates. Como que la ANR está planteando un fraude al solicitar la exclusión de sus afiliados, que se quiere seguir con el “negocio de las dobles afiliaciones”, que es un gesto desesperado de los colorados como si las elecciones se definieran el 18 de diciembre del 2022 y no el 30 de abril del 2023. Hasta un diario colega editorializó un delirio: que la representación de los apoderados legales del Partido Colorado no tenía otro fin que restringir la participación, dificultar la alternancia y debilitar el pluralismo.
La participación que esgrime el periódico solo tiene la intención de asegurar la presencia del Frente Guasu dentro de la Concertación. La misma respuesta es válida para el reclamado pluralismo. Ambas cuestiones se pondrán de manifiesto en los comicios generales.
Sin ningún tipo de impedimentos. Lo que queda claro es que, al igual que la oposición –y es natural que así sea–, ese medio de comunicación está interesado en la alternancia, es decir, en desalojar a los republicanos del poder a pesar de que en los últimos cuatro años fueron grandes aliados de este gobierno que se dice colorado y del cual se han servido para realizar negocios igualmente grandes.