A raíz del atentado que causó la muerte del fiscal Marcelo Pecci en Colombia saltó el tema de la inseguridad y la falta de pro­tección de las personas que por su tarea en la lucha contra el delito están expues­tas a sufrir ataques; y que no están siendo resguardadas de manera adecuada por el Estado paraguayo y sus organismos encargados del asunto. El hecho de que el asesinato se produjera en otro país no es responsabilidad directa de Paraguay, pero el tema viene a cuento por las defi­ciencias y la falta de medidas de amparo que se requieren en nuestro país.

Exponentes de la Corte Suprema de Justi­cia y del Ministerio Público han llamado la atención sobre la necesidad de contar con más recursos financieros para la protec­ción de magistrados judiciales y fiscales que están expuestos por la tarea que reali­zan contra los promotores del crimen.

Otorgar mayor seguridad a las personas no es solo un tema de más presupuesto sino de voluntad política para luchar de forma efectiva contra el crimen. Claro que hay que reforzar con mejores pre­supuestos. Pero el ingrediente principal para desterrar el terror y la mafia es el propósito sincero de combatir la delin­cuencia, que hasta ahora no se ha podido divisar. El hecho de que el Estado para­guayo no comunicara a Colombia la pre­sencia en ese país de un fiscal que inves­tigaba el crimen narco para protegerlo no es problema de presupuesto.

Aquí se requiere mucho más que fondos públicos o recursos monetarios para suel­dos y comisiones. Se necesita una profunda transformación para un aparato policial hasta ahora poco eficiente, para un sistema de seguridad general que hace aguas y debe ser reestructurado y reencauzado.

El Estado paraguayo está aplazado en materia de seguridad y, así como están, sus instituciones no sirven para dar pro­tección adecuada a la ciudadanía; que se evidencia en la inseguridad del día a día que soporta la sociedad paraguaya desde hace un tiempo.

Aunque la muerte del fiscal sucedió en otro país, es un caso emblemático que involucra profundamente a nuestra nación. Porque demuestra que los delin­cuentes y las mafias con domicilio en nuestro país tienen socios más allá de las fronteras y que para cometer sus delitos no tienen límites de ninguna laya.

El Estado paraguayo debe aprovechar la lección que nos enseña este hecho para tomar decisiones adecuadas y trabajar con eficiencia para otorgar protección a la ciu­dadanía y cuidar en especial a los más vul­nerables. El Paraguay no puede seguir con la indefensión existente contra el crimen organizado, como ocurre actualmente. Es necesario hacer un fuerte golpe de timón para articular una nueva política de seguri­dad para el país, un sistema más adecuado para los nuevos desafíos que se están pre­sentando. Las soluciones a medias no son suficientes porque hace falta una ofensiva estructural para la seguridad nacional.

El país debe conseguir las tecnologías más avanzadas en la materia, entrenar y preparar a los agentes y demás efectivos policiacos con los organismos más com­petentes del mundo y aprovechar la coo­peración que ofrecen otras naciones para incorporar mejores técnicas en la materia.

Invertir más en la seguridad subiendo el presupuesto estatal, incluso con el apoyo de Itaipú y Yacyretá que tienen recursos que se pueden canalizar hacia los nuevos proyectos destinados a la protección. Lo fundamental es no contentarse con lo que se está haciendo porque es insuficiente y adoptar una política competente que constituya una garantía para la defensa de la ciudadanía.