El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) es el primer gran aplazado en las condicio­nes de mejora, al punto de que no pudo asentar siquiera la infraestruc­tura básica a pesar de contar con presu­puesto.

Los dos años de encierro de la población estudiantil, que pudieron aprovecharse para el arreglo y la construcción de aulas para un retorno más digno a las escuelas de nuestros niños y niñas, quedaron en el suelo en varias zonas vulnerables del país donde se prometieron refacciones. Esta herencia pesa demasiado para una socie­dad que trata de salir de una crisis pos­pandemia y golpeada por situaciones muy dolorosas como la trascendida en estos días en un colegio de Lambaré.

La paciencia y la tolerancia de la ciudada­nía llega al límite mientras el Gobierno se pega el lujo de seguir dilatando soluciones elementales para la infraestructura edu­cativa, problemática que afecta directa­mente al crecimiento y a la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Varios de los frustrados proyectos de infraestructura guardan relación con el favoritismo que impusieron al objetivo de legar mejores condiciones de estudio. Uno de los más mediatizados es el paquete de construcciones, ampliaciones, repara­ciones y terminaciones en 272 estable­cimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Inves­tigación (FEEI) que contratistas amigos del Gobierno terminaron aniquilando.

Esta licitación, que data del 2020, tenía por objetivo la entrega de aulas nuevas y refaccionadas para el retorno presencial a las escuelas en este 2022.

El amiguismo desvergonzado detrás de licitaciones en todos los rubros, pero principalmente de los más sensibles como la salud y la educación, arrebató las posibilidades de una mejor calidad de vida a muchos compatriotas que depen­den de los servicios públicos. En el Minis­terio de Educación despojaron de como­didades a más de 24.000 niños con las obras inconclusas y abandonadas por el “pulpo” amigo del vicepresidente de la República que acapara adjudicaciones de contratos llevándose al bolsillo unos G. 614.000 millones como proveedor del Estado en los últimos 4 años.

Son 79 obras en diferentes establecimien­tos educativos que quedaron en el aban­dono de las manos del contratista “pulpo”, de las cuales 14 de ellas ni siquiera fue­ron iniciadas. El MEC tuvo que rescindir contrato y acudir a las instancias judicia­les para recuperar el dinero de los niños y niñas estafados en su futuro con estas irregularidades.

Días atrás saltó que otro superproveedor del Gobierno también dejó clavos en 16 instituciones educativas en el marco del mismo proyecto con el que se benefició con millonario contrato al amigo del Vice. Estas escuelas son de la capital del país y a estas alturas debieran estar moderniza­das con nuevos sanitarios y aulas refac­cionadas, pero hasta hace un mes no se vio un solo ladrillo puesto por la contra­tista Engineering.

De vuelta, el MEC suspende otro contrato y seguramente tratará de recuperar el dinero que pudo haber desembolsado.

No hay que olvidar que ambas contratis­tas tienen varias denuncias en su haber y serios incumplimientos. Sin embargo, la mano amiga, como se dice comúnmente “de arriba”, los habilita, los favorece y penosamente siguen generando daños irreparables a varias instituciones públi­cas, en este caso a la cartera de Educación.

De cero se inicia otro proceso de adjudi­cación, que según mencionaron desde el MEC llevará unos 3 meses finiquitar, lo cual significa que en agosto pudiera selec­cionarse un nuevo constructor para las obras abandonadas. Con esto se estima que en el 2022 seguirá el vacío para las urgencias de los más de 24 mil estudian­tes que necesitan mejores condiciones de estudio.

Deprimente situación y lamentable legado por parte de las administraciones que pasaron por el MEC, que por caer en el favoritismo retrasan proyectos sustan­ciales para cualquier gobierno que busque el crecimiento y desarrollo de su país. La comunidad educativa necesita más que nunca el respaldo de los actores políticos y los altos funcionarios que realmente se deban a sus funciones para así encaminar procesos de compras más comprometidos con el interés común que con los bolsillos de un selecto grupo de amigos.