La angustiosa situación económica por el disparo de la inflación que somete a gran parte de la ciudadanía a realizar compras de contrabando en zonas fronterizas, como sitios considerados epicentros del comercio formal, además de aumentar la ilegalidad, acentúa el boicot contra la industria nacional que está al borde de la asfixia y que, ante tamaño descontrol estatal y competencia desleal no encuentra más alternativas que subir sus precios.
La crisis económica, el desempleo, los índices de inflación y el comercio ilegal que hoy tientan con ahorros a los desesperados consumidores que en el afán de economizar se someten al perverso esquema del contrabando, en realidad son calmantes de doble filo que agravan la situación. Del otro lado está la población industrial acogotada por plagas como el comercio ilegal que vulneran sus posibilidades de seguir manteniendo, creando fuentes de trabajo formal y aportando al fisco, es decir, al Estado del cual dependemos todos.
Los industriales vienen pidiendo a gritos planes de contención al Gobierno, así también estrategias más claras para frenar el contrabando, pero esta desgracia se profundiza antes de que se avizoren indicios de solución.
A diario se ven en las fronteras como áreas del departamento central negocios surtidos con productos del comercio ilegal, sin reacciones visibles de los entes de control que aplaquen esta competencia desleal en nuestra economía. Todo sube y esto tiende a empeorar por la competencia desleal.
Hace días se anunciaron más incrementos de precios de la producción nacional. El presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac), Erno Becker, decía a los medios que están manejando un posible reajuste en el precio de los productos lácteos a consecuencia de la desventaja que les deja el flagelo del contrabando.
La sequía como el contrabando fueron letales para la producción láctea, señalaba Becker. Ni hablar de otros productos como los domisanitarios que abundan en comercios, almacenes, en las calles, en los semáforos. El contrabando de azúcar, de aceite y otros comestibles se tornan más que normales en estos tiempos, que una lucha frontal institucional hasta podría resultar impopular.
El daño que se genera es altísimo en lo económico, pero más gravemente por como sucumben roles sensibles de instituciones estatales claves a causa de la inoperancia y la politización de las cabezas, que se ubicaron en estos lugares para perseguir adversarios políticos, antes que combatir el cáncer de nuestra economía que es el contrabando.
Todos estos años fueron de tremendas propagandas sobre el gran bloque de Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), a cargo de Emilio Fúster, pero los resultados siguen siendo angustiosos. El viento se llevó las promesas del combate por cielo, tierra y agua al ingreso ilegal, que las rutas son utilizadas como stands de mercaderías ilegales.
Que la extrema dificultad económica que nos afecta a todos no sea argumento para defender lo indefendible. Las prácticas del comercio ilegal deben ser reprimidas, castigadas y el Gobierno es el responsable de aplicar la ley para estos delitos.
Estamos cayendo al abismo por un círculo vicioso que los responsables del Gobierno no son capaces de acabar. El ministro anticontrabando, cabeza de la unidad interinstitucional, no puede seguir dando tregua al flagelo, está comprobado que hizo perder tres valiosos años a la industria nacional y al país que, hoy contar con su presencia en el sensible cargo es continuar con la vista gorda a la epidemia del contrabando. Urge contener a nuestra economía, blindar al sector productivo de la peste del contrabando antes que el perjuicio sea irreversible.