Hace más de un mes que comenzaron a subir los precios de los derivados del petróleo y el Gobierno aún no ha encontrado un paliativo seguro para todo el mercado. Solo se ha ocupado de Petropar, un organismo del Estado cuyos servicios son insuficientes porque solo tiene una pequeña porción de la oferta de combustibles.
¿Por qué el Gobierno no busca medidas que contemplen todo el amplio espectro de la oferta de derivados del petróleo? ¿Puede el Estado paraguayo cruzarse de brazos sin contemplar la totalidad del problema porque resulta más fácil ayudar a una empresa estatal? ¿O es que su capacidad de resolver problemas está acotada por intereses sectoriales? ¿Es o no es capaz el Gobierno de afrontar con alguna solución la dura situación planteada?
Estas son algunas de las preguntas que surgen ante el duro panorama de la comercialización de derivados del petróleo, que es víctima del alza del crudo por la guerra europea.
El Estado paraguayo tiene obligaciones inexcusables ante los requerimientos del país. Cuando se plantea un asunto como la suba de combustibles no se trata de favorecer a un sector económico, sino de afrontar el interés general del país y de todos sus habitantes. Ese es el caso que tiene ahora entre sus manos. Debe alivianar el peso de las subas de los precios de los hidrocarburos para todo el Paraguay, abarcando a todos los expendedores de esos combustibles, que tienen su clientela, que cuentan con más de 30.000 trabajadores cuya suerte laboral depende de cómo marche el negocio de las gasolineras.
Buscar una solución al incremento de los precios de los carburantes es en estos momentos una de las principales tareas que tienen las autoridades nacionales por su responsabilidad como conductores de los destinos del país. No significa mostrar favoritismo hacia un sector determinado, sino dar una mano a los diferentes grupos que mueven la producción, el comercio y los servicios que requieren buenos precios de los insumos energéticos para llevar adelante su tarea en la economía del país.
Refiriéndose al difícil momento de los emblemas privados, se ha escuchado decir a algunos políticos que es parte del riesgo que corren todas las empresas. Pero eso no significa que en las situaciones extremas, como en la actual, el Estado no deba tomar decisiones para atenuar las dificultades que surgen.
El Gobierno tiene que preparar no solo una medida, como los fondos de estabilización, sino un paquete amplio de disposiciones que abarque la totalidad de la problemática del alza del precio del petróleo y se aplique a todos los sectores involucrados, sin excepciones. Es probable que no sea la solución total, pero alivianará el problema y se podrá enfrentar con más posibilidades de éxito la dura situación actual. Será mejor que no hacer nada para contrarrestar el contratiempo.
Para articular una salida efectiva, el Gobierno debe convocar al sector privado a una mesa de trabajo, para escuchar las sugerencias, ver qué compromisos pueden asumir las empresas involucradas y tomar las decisiones necesarias. No debe actuar sin el consenso de los involucrados para que sea más efectivo y completo el remedio.
Si el propósito del Gobierno es ayudar a la gente con la disminución de los precios altos del petróleo, no puede tomar medidas que afecten a solo un sector de los expendedores de combustibles, que cubre las necesidades de una mínima parte del mercado. Tiene que contemplar la totalidad del espectro, con determinaciones inteligentes e imaginativas.
No se sabe cuánto tiempo más durará la situación que ha provocado el alza del petróleo. La invasión de Rusia a Ucrania continúa, y a pesar de las negociaciones, hasta ahora no se ha llegado a concertar la paz. Por eso la incertidumbre es grande y la posibilidad de que los hidrocarburos bajen de precio es muy difícil. Debido a estos hechos no se debe dejar de buscar ningún tipo de recursos para enfrentar y hacer más llevadera la situación.