La nueva semana laboral comenzó con otro aumento en el precio de los derivados del petróleo en los emblemas pri­vados, con lo que la suba está llegando a récords históricos que amenazan fuer­temente la estabilidad económica. La empresa estatal de combustibles sigue con los precios rebajados de dos de sus principales productos mediante la aplica­ción de la Ley 6900, que vulnera la dispo­sición del artículo 107 de la Constitución, que prohíbe la baja artificial de precios y la traba a la libre concurrencia.

En las actuales condiciones de los valores de la nafta de 93 octanos y el gasoil tipo 3, que son los dos derivados del petróleo de mayor consumo en el país, se está ante una situación de cuidado. Porque ambos productos tienen precios más bajos en Petropar que en las compañías privadas.

Como la entidad estatal cubre solamente el 14% de las gasolineras del país, se tiene que el 86% restante está con precios más altos, lo que constituye un problema que no se debe mantener. La ley aprobada la semana anterior solamente favorece a una diminuta porción del mercado de combustibles y la mayor parte del país está recibiendo el fuerte castigo de los aumentos mencionados. Suponiendo que a raíz de los precios subvencionados Petropar atienda al doble de los usuarios, ni aun así llegaría al 50% del total. A lo que hay que sumar la incertidumbre de si podrá aguantar esos precios subsidiados por encima de 45 días, ya que solo podría mantener esos valores para los dos com­bustibles por un mes y medio. La vigencia de la ley que dispone los precios especia­les es por dos meses, lo que significa que el 25 de mayo terminará el subsidio y Petro­par tendrá que vender sus productos a valores similares a los del sector privado. Es necesario encontrar una solución que abarque a la totalidad del mercado de car­burantes por todo el tiempo que fuere necesario, por si la cotización del petróleo sigue alta.

Se impone con urgencia una solución mediante un plan de estabilización de los precios de los derivados del petróleo que abarque la totalidad del mercado. Este privilegio dado a Petropar va directa­mente contra el mencionado artículo de la Carta Magna, que, entre otras cosas, dice: “…Se garantizará la competencia en el mercado. No serán permitidas la crea­ción de monopolios y el alza o la baja arti­ficiales de precios que traben la libre con­currencia”.

Los especialistas tienen que ponerse de acuerdo en trazar un plan básico que pueda servir luego para una ley que se estudie y apruebe rápidamente en el Congreso. Para atenuar el impacto de los incrementos se debe crear un paquete de medidas, que contemple un fondo de esta­bilización, medidas cambiarias especia­les para la importación de combustibles y una disminución transitoria del impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado a los derivados del petróleo, que tiene tasas elevadas. El plan no puede contemplar un solo aspecto, como sería únicamente el subsidio económico, sino también otros puntos que inciden en el costo de importación y en los cargos impositivos que pesan sobre el producto. Con este paquete, el costo de las medidas no pesará solo sobre un sector, como sería la deuda externa, porque se distribuirá entre el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Es necesario contemplar todo el amplio espectro que afecta a los valores eco­nómicos, no solo la parte financiera que podría cubrirse con un préstamo externo, que fue cuestionado porque implica aumentar el pasivo. Es bueno que abarque la parte cambiaria y la imposi­tiva para que la carga final se distribuya de manera más o menos equilibrada en varios organismos del Estado. Por eso hay que pensar en un paquete, en el sentido de que incluyan varias medidas, que distri­buirán su costo entre más de una entidad estatal.

La Ley 6900, que afecta solo a los precios de Petropar, es insuficiente, pues abarca a solo una pequeña parte del mercado, aparte de ser cuestionable desde el punto de vista constitucional. El Gobierno debe crear una norma más amplia que bene­ficie a la totalidad del espectro econó­mico para alivianar el peso que tienen los aumentos en los diversos sectores.