Desde el lunes 14, los camioneros y responsables de otros tipos de transporte vienen cerrando en forma intermitente varias rutas del país y algunos cruces de accesos importantes a la capital y ciertas ciudades del interior. El propósito es presionar al Gobierno para lograr la reducción del precio de los combustibles derivados del petróleo, ya que las autoridades no tienen una respuesta que satisfaga el pedido de los reclamantes.
Los efectivos de la Policía Nacional están en los caminos públicos afectados para evitar desbordes, pero no han impedido que los camioneros obstruyan las vías públicas causando enormes trastornos a miles de individuos que necesitan movilizarse libremente para sus propósitos laborales y personales. Por ello, de hecho, no de derecho, los transportistas son los que determinan el corte o la fluidez de la circulación coartando la libertad de tránsito garantizada por la Constitución Nacional, sin que nadie actúe para impedirla.
Al margen de las razones o motivos válidos que puedan tener los manifestantes usando su libertad de expresión, los camioneros están imposibilitando de manera violenta el libre movimiento de las personas, lo que no tiene ningún tipo de justificación legal. Aunque se les pueda entender por sus preocupaciones gremiales y económicas, a los camioneros ni a nadie les asiste el derecho de restringir ningún tipo de libertad a ningún individuo y menos a gran parte de la comunidad nacional que merece ser respetada en su dignidad ciudadana. Tienen razón al pedir que bajen los precios altos de los combustibles lo que afecta a todos los poseedores de vehículos movidos por derivados del petróleo. Pero eso no les faculta a cometer atrocidades como vedar el movimiento de otros ciudadanos. No porque alguien no tenga qué comer tiene derecho a asaltar y robar alimentos usando la violencia física.
Es repudiable la conducta de los que por medio de la violencia quieren defender sus intereses queriendo imponer sus decisiones. Cuando actúan de ese modo, los camioneros y sus seguidores son simples agitadores porque quieren conseguir sus objetivos usando la violencia. Corresponde señalar lo que establece la Constitución Nacional sobre el tema. En su artículo 15 dice: “Nadie podrá hacer justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia…”. Lo que quiere decir que ni los camioneros ni ninguna otra persona puede pedir que se haga justicia usando métodos violentos, como impedir el paso de personas y vehículos. La Carta Magna garantiza la libre circulación, pues en el artículo 41 dispone: “…Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de residencia…”. Una libertad que, como se ve, se está imposibilitando a muchos habitantes del país.
Teniendo en cuenta que las fuerzas públicas no impiden el cierre intermitente de los caminos públicos, hay que señalar que no están cumpliendo debidamente su obligación de respetar y hacer respetar las disposiciones de la ley máxima que habla de la libre circulación. En ninguna circunstancia, la Policía Nacional debería comportarse como cómplice de los que violan las leyes nacionales.
Detrás de la actuación de las fuerzas públicas con los que frenan ciertas libertades está la falta de comprensión de las reales obligaciones que se tiene con la ciudadanía. Esto se debe rectificar para asegurar la vigencia plena de las libertades públicas garantizadas por la Constitución. Ya que al no evitar las transgresiones que cometen los camioneros con el cierre ilegal de las rutas y calles se está colaborando con los que obstaculizan el cumplimiento de las leyes. No se debe permitir por ningún motivo y en ninguna instancia cualquier forma de encubrimiento a los que infringen las normas.
El Gobierno debe dar instrucciones precisas a la Policía e intervenir enérgicamente en estos casos para que no se vuelva un hábito vicioso recurrir a las huelgas, cierres de vías públicas y otras formas de acciones de fuerza cuando se quiere conseguir un objetivo. Para atender los reclamos hay que crear mesas de diálogo en que civilizadamente los distintos sectores negocien la solución de los problemas. No se puede tolerar que cada vez que algún sector tiene un pedido se recurra al expediente de la violencia sin que su comportamiento sea castigado como corresponde según las leyes.