La vista gorda que hicieron los oportunistas como el ministro del Interior con su rosca de siempre, quienes fungieron de fiscalizadores de las amañadas compras covid y que con las imputaciones en serie del Ministerio Público quedaron como simples blanqueadores de la corrupción, es una muestra clara de que en realidad el interés por descabezar la Fiscalía General no es para perseguir corruptos, sino para hostigar a los adversarios. De hecho, esa es la temática con la que manejan algunas instituciones muy sensibles ciertos aliados coyunturales de este gobierno.
Los pronunciamientos de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay como de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay son indicadores del respeto que guardan al Ministerio Público y que desmorona el discurso de la desastrosa gestión que quieren dibujar algunos políticos.
La oposición debe ser muy criteriosa para no sumarse inocentemente al objetivo proselitista del grupo oficialista que busca el continuismo en el 2023, con instituciones a la medida y el riesgo de utilizarlas como un canje para la impunidad de políticos que se alinean a sus objetivos.
El gremio de fiscales adelantó su preocupación ante la amenaza de juicio político porque los profesionales consideran que eso afectará la institucionalidad del Ministerio Público, y con ello el riesgo de una inestabilidad en el funcionamiento. De manera puntual defendieron la labor de la Fiscalía porque “ha obtenido históricos resultados reconocidos a nivel internacional y que han posicionado a la República del Paraguay”.
Por su parte, la Asociación de Magistrados expresó su preocupación ante “la posibilidad de que situaciones externas” puedan afectar a la labor y gestión institucional del Ministerio Público. Desde el gremio insistieron en la necesidad de “independencia y autonomía a fin de que se pueda ejercer la acción legal pública sin estar sometido en el ejercicio de su función a otros órganos”.
Como nunca, autoridades y trabajadores agremiados del Poder Judicial coincidieron en los logros del Ministerio Público, así como en el peligro de que intereses externos se impongan, debilitando la autonomía de la institución. Los manifiestos, así también los reconocimientos a nivel internacional sobre los esfuerzos y resultados positivos derriban cualquier legitimidad de juicio político a la cabeza del Ministerio Público, aunque el libelo sea de 2.500 páginas como adelantaron algunos opositores.
No están dados los argumentos ni las condiciones para la arremetida que quieren cometer los interesados en el manejo discrecional del Ministerio Público. Es sabido que varios de los que acompañan el golpe a esta institución tienen frondosas causas por desfalco del presupuesto estatal, fondos de programas sensibles, etc.
No hay que desmeritar además la latente intención que ya fuera socializada por la esposa del Vicepresidente de la República de ocupar el máximo cargo en el Ministerio Público, lo que sería letal en términos de equidad de poder político como electoral.
Es evidente la espera del matrimonio tras este cupo que lastimosamente se pretende reducir a la mezquindad política.
En diciembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda ya había acordado mediante una resolución el beneficio de la jubilación para la señora del Vicepresidente por los años de servicios cumplidos. Sin embargo, esto no se ejecuta apuntando la dilación a una suerte de pesca por el cargo, considerando la privilegiada línea de sucesión en la cual se ubica la esposa del segundo del Ejecutivo.
Todos los elementos sugieren la codiciosa misión de adecuar la Fiscalía al propósito político de grupos desesperados detrás del poder, sin el pudor de doblegar la libertad de una institución tan importante en la defensa y protección del derecho público.