Los entretelones del juicio político que los colorados oficialistas, con el Vicepresidente a la cabeza, plantean contra la fiscala general del Estado van mostrando nuevas aristas. Revelan que las motivaciones que los mueven para intentar remover a la funcionaria del Ministerio Público están muy lejos de propósitos jurídicos o de mejor funcionamiento de la administración de la Justicia.
El análisis de lo acontecido revela que la principal motivación del juicio político y la destitución de la titular del Ministerio Público es que la actual esposa del Vicepresidente quiere ser la reemplazante. Por consiguiente, se cumplirá el sueño de la nueva consorte de llegar a ese máximo cargo y concentrar el poder en las manos del que quiere ser candidato a presidente de la República por el Partido Colorado. Con el juicio político a la medida de los deseos del Vicepresidente, se sacará de en medio a una funcionaria que no está alineada al oficialismo y que por eso es una molestia. De paso, se dará un fuerte golpe a los adversarios de la interna colorada del movimiento Honor Colorado.
La fiscala Lourdes Samaniego es la actual esposa del Vicepresidente, con quien le unió en matrimonio religioso el pastor Emilio Abreu en julio del 2013. Anteriormente, el alto funcionario estaba casado con otra mujer con quien tiene tres hijos. El detalle significativo es que la nueva esposa del Vicepresidente es la fiscala general adjunta de la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez. En caso de vacancia, automáticamente ocuparía el cargo de fiscala general del Estado por estar en la primera línea de sucesión. Lo cual explica el extraordinario interés del segundo del Ejecutivo en el trámite del juicio político a la actual fiscala general.
Si llegara a ocupar el cargo máximo en el Ministerio Público, la fiscala Samaniego podría cumplir uno de sus más caros sueños. Eso se desprende de declaraciones realizadas a los medios, en que afirmó que esa es una de sus máximas aspiraciones. En un programa emitido por un canal capitalino en diciembre pasado, Lourdes Samaniego había dicho textualmente: “El próximo escalón dentro de mi carrera sería la Fiscalía General del Estado o la Corte Suprema de Justicia. En algún momento lo pensé, pero sinceramente, entre lo que es el rol de fiscal general del Estado y ser ministro de la Corte, yo me quedaría con ser fiscala general del Estado”. Recordó que su aspiración de llegar a ese cargo data de varios años, cuando el actual Vicepresidente era titular de la Cámara de Diputados. Pero en la ocasión tuvo que deponer su deseo porque su marido le comentó que quería seguir su carrera política apuntando a la Vicepresidencia de la República. Comentó que si ella se candidataba a la Fiscalía General, Velázquez tendría que haber renunciado a sus propósitos, pues él ya había deseado ser incluso candidato a presidente de la República al terminar la administración Cartes. En consecuencia, el enjuiciamiento de Sandra Quiñónez sería la mejor oportunidad para llegar a la Fiscalía General.
La posibilidad de alcanzar ese paso en su carrera haría que no le interese aceptar su jubilación en estos momentos, como le corresponde por los años de servicio de acuerdo con la resolución Nº 259 de la Dirección de Jubilaciones del Ministerio de Hacienda promulgada en enero último. Este documento otorga la jubilación ordinaria a Lourdes Samaniego bajo el régimen que corresponde al sector de magistrados judiciales. Pero la aceptación de este beneficio no es obligatoria y puede seguir en funciones hasta los 65 años, para lo que le faltan 16 años, ya que acaba de cumplir 49.
El interés de que la consorte del Vicepresidente ocupe la Fiscalía General aparece como la principal motivación para impulsar el juicio político, pues hasta ahora no se han expuesto argumentos jurídicos valederos. Por lo que se puede considerar que la campaña orquestada contra la fiscala general es, sin dudas, una operación para cumplir el propósito mencionado.
Sería muy lamentable que por un enfrentamiento interno, movido por las apetencias de ciertos políticos, se amenace la estabilidad de una institución fundamental para el funcionamiento del país como la Fiscalía General del Estado. La ciudadanía no debería admitir una afrenta de este tipo.