Las insólitas declaraciones del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sobre el sistema finan­ciero del país y su descalificación a la Bolsa de Valores como “bolsa de delin­cuentes” siguen llamando la atención por desacertadas y, sobre todo, porque pueden llegar a hacer un fuerte daño a la imagen del país.

Lo llamativo es que uno de los principales operadores en el mercado de capitales del país es nada menos que el Estado paraguayo, que a través de las intervenciones en la Bolsa de Valores consigue dinero para cubrir su presupuesto mediante la colocación de bonos y otros elementos financieros que cap­tan los inversionistas. Con lo cual, el minis­tro del Interior está descalificando también al Gobierno del que forma parte, puesto que es uno de los principales clientes de la que denominó “bolsa de delincuentes”. Es evi­dente que el secretario de Estado está perju­dicando al Paraguay al denigrar su imagen política y económica.

El presidente de la Unión Industrial Para­guaya (UIP), Enrique Duarte, señaló que las declaraciones mediáticas del alto funciona­rio son preocupantes porque afectan al fun­cionamiento de algunas instituciones que están siendo evaluadas actualmente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamé­rica (Gafilat). Esto, teniendo en cuenta que eventualmente pueden perjudicar dura­mente a la imagen del sistema financiero nacional que se mueve con base en la con­fianza.

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“Estamos bajo análisis internacional, donde todos estos tipos de denuncias sin ninguna duda nos generan y nos van a generar más problemas”, precisó el empresario al anali­zar la situación planteada para algunos de los medios del Grupo Nación. Agregó que si hay situaciones concretas, se deben hacer las denuncias a través de los organismos que permite el sistema democrático, pero con mucha objetividad. “Nosotros vivimos en una sociedad donde gratuitamente ofen­demos a la sociedad y se busca mancillar al honor de una persona”, remarcó.

El titular de la Unión de Gremios de la Pro­ducción (UGP), Héctor Cristaldo, señaló que no es bueno que se haga política “emba­rrando” la economía. “Pueden hacer la polí­tica que quieran, pueden pelearse como quieran, porque al final es coyuntural y ter­mina el año que viene. Sin embargo, la eco­nomía es permanente y no se tiene que com­plicar a causa de la política”, precisó.

El analista económico Pablo Herken Krauer fue terminante al sintetizar que lo que hizo Giuzzio es escupir sobre la Bolsa de Valores. Dijo que le perdió la confianza y el respeto al ministro. “Porque lo que hizo al escupir sobre la Bolsa de Valores es un delito y daña a una institución financiera que forma parte del mercado de capitales y de la Comisión Nacional de Valores, que son el pilar de un sistema”, sostuvo. Se preguntó cómo no supo el efecto al hacer el comentario despectivo hacia la bolsa, “porque se nota que tiene un desprecio hacia los participantes del mer­cado y no es por desconocimiento”, machacó.

Mencionó que cuando dijo bolsa de delin­cuentes, también le incluyó al Gobierno, pues habitualmente gran parte de los bonos estatales se comercializa en ese mercado. Recordó que tomando el período 2015/2021, el saldo de la colocación de bonos del Tesoro Nacional es de 577 millones de dólares, y que el 90% lo hizo a través de la Bolsa de Valores, la denominada por Giuzzio como “bolsa de delincuentes”.

Manifestó que si sabía que en el mercado de capital había delincuentes o malversación de fondos, ya se tendría que haber intervenido la bolsa varios años atrás. Y debía de haberle dicho al Gobierno que no coloque sus bonos en ella, como lo sigue haciendo.

Las desacertadas afirmaciones del jefe de seguridad sobre el sistema financiero y el movimiento bursátil son inconcebibles en la persona que debe manejar un organismo tan importante en la conducción nacional. No resisten al menor análisis lógico por su absoluto contrasentido e irracionalidad. Y por el bien del país, merecen un desmentido o una aclaración de parte de los responsables del manejo de la política económica, como el Ministerio de Hacienda.

En un gobierno normal es inconcebible que un ministro del Ejecutivo desautorice la política económica del Estado y que los afec­tados no salgan a desmentirlo. Y, lo que es peor, que con su silencio den la razón a sus desafortunados comentarios.

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