Ante la desconfianza reinante por parte de la ciudadanía, los antecedentes de negociados en los propios ministerios del Ejecutivo y la escasez de honestidad, el Gobierno debe hallar los mecanismos para garantizar que los fondos de emer­gencia previstos para urgencias de la pandemia del covid-19 no vayan a caer en manos de la corrupción.

En el año político que se inició de forma prematura con intenciones continuis­tas se torna más que vulnerable el presu­puesto del que se disponga para amorti­guar la crisis sanitaria. Es inminente la necesidad de que el Gobierno; es decir, el Ejecutivo demuestre firmeza en la fisca­lización y garantizar que el dinero para la salud no vaya al bolsillo de los angurrien­tos oportunistas.

Entre reproches y desconfianzas se aprobó la semana pasada el proyecto de ley que extiende la emergencia sanita­ria hasta el 30 de junio próximo, pero solo para la compra de vacunas, mantener el convenio con hospitales privados y la con­tratación para reemplazo de personal de salud. Sabemos que hay necesidades y detrás algunos hambrientos funciona­rios, en su mayoría títeres de desalmados políticos que sacan todo tipo de réditos de la desgracia que nos azota, por ello urgen estrategias contra la corrupción.

Al inicio de la pandemia los propios fun­cionarios de confianza del Presidente de la República metieron mano en el sensible presupuesto para compra de insumos médi­cos. Estos tuvieron que correr del Gobierno al descubrirse los precios de “oro” en las lici­taciones y el direccionamiento de algunas adquisiciones a favor de los amigos.

Todo esto golpeó fuertemente la situación debido a que el dinero desaparecía por arte de magia con los despilfarros y llegó un momento en que ya no había para lo real­mente urgente.

No hay fecha de vencimiento del covid. Por tanto, no se puede seguir con el derroche ni con los gastos discrecionales ante esta incertidumbre. Es un proceso en el que los recursos deben ir atados a la visión que haya sobre el problema de manera a que sean utilizados para lo que el combate pandémico requiere.

Que se contraten más médicos y especia­lidades en el rubro del personal de blanco para no seguir con el vito de cargos admi­nistrativos a recomendados, situación que volvió a ser denunciado en estos días.

Los reclamos de masiva inclusión de alle­gados al poder en la nómina de recur­sos humanos incorporados en pandemia incluso vinieron por parte de un senador de la República. Es importante aplicar normas claras para que los procesos de selección no sean politizados en épocas electorales y, sobre todo, que el Gobierno contrate a los especialistas que atiendan las necesidades de la ciudadanía.

Ante una Secretaría Anticorrupción con casi nulas estadísticas de reportes de investigaciones a casos de malversación y demás irregularidades, de vuelta la res­ponsabilidad de control recae en los ciu­dadanos que son los más afectados en sus urgencias. Por ello, es imprescindible que el Gobierno inicie una batalla campal a los rateros de los fondos públicos y exigir a los organismos de fiscalización que cumplan con su tarea, remitiendo al Ministerio Público los indicios de perjuicios contra el patrimonio estatal.

Los momentos electorales con muchos avivados ubicados en poder en cargos estratégicos son una amenaza, sin lugar a dudas. En este contexto el Gobierno debe dar señales claras de que no es cómplice y no dejar margen de dudas sobre el uso efi­ciente de los recursos estatales.

Tampoco más profesionales en puestos claves de la salud para priorizar atenciones a clientes electorales. Las recientes movi­das en el departamento así lo sugieren.

Descabezaron instituciones sensibles como Salud y Desarrollo Social para aco­modar a ahijados políticos, esto es un atentado contra los derechos básicos en estos tiempos de pandemia.

Los medios de prensa, la ciudadanía deben estar atentos a las movidas del Gobierno y al uso que se haga del presupuesto sani­tario en las diferentes instituciones públi­cas. Urge cortar las manos a los corruptos que se aprovechan de los bienes públicos.

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