Las prematuras campañas prose­litistas con miras al 2023 y visto los primeros aparatosos des­pliegues de leales de alto rango con sueldo estatal arriesgan fuertemente el patrimonio público; por tanto, los con­troles como denuncias que pueda realizar la ciudadanía se convierten en el meca­nismo más fiable para proteger los recur­sos de todos.

Las promesas de mejora volverán a llover como de costumbre en tiempos electora­les. Todo lo que no se hizo, de vuelta serán ejes proselitistas, esto no es novedad.

¿De dónde salen esos recursos de finan­ciamiento político?, es la clave a desci­frar, ya que tras las campañas y los cargos están las deudas a honrar, los favores a pagar y comienzan las malas adminis­traciones que perjudican las arcas del Estado.

Sabemos que el Código Electoral para­guayo es letra muerta y más específica­mente el artículo 290 de la normativa que establece: “La propaganda electo­ral se extenderá por un máximo de 120 días, contados retroactivamente desde dos días antes de los comicios, en los que está prohibida toda clase de propa­ganda electoral. En los comicios inter­nos de los partidos políticos, la propa­ganda electoral no podrá exceder de sesenta días”.

Una autoridad consultada nos decía meses atrás que la Justicia Electo­ral audita el financiamiento desde el momento en que se oficializan las campa­ñas y candidaturas.

Cómo quedan los gastos adelantados como el que está llevando a cabo el vice­presidente Hugo Velázquez es un ver­dadero acertijo. No hay rendición de los gastos y nadie explica quién o quiénes aportan.

En una respuesta más delirante, especí­ficamente Velázquez había señalado que su campaña se financia gracias a “miles de correligionarios y amigos dispuestos a aportar”. Irónicos comentarios habían referido sobre el punto que esos “miles” son los contribuyentes ante las movidas de funcionarios, gestiones gubernamen­tales utilizadas como agenda proselitista.

Cada viaje, cada asado, cada cumpleaños o acto debe estar justificado para que no se malversen recursos públicos. Eso no es persecución, es simplemente un acto de honestidad para los que prometen mara­villas en sus actos proselitistas, pese a que estando en el máximo cargo del Gobierno no han solucionado problemas esenciales de nuestro país.

Es por ello que la ciudadanía debe estar atenta y ahí el compromiso de la impar­cialidad.

No importa el grupo político, los que ostentan pomposos actos políticos deben justificar gastos. Más aún en el caso de los que están en altas esferas del Estado. Esta es una norma que no debiera molestar a los que buscan el continuismo, es normal que le pidamos rendir cuentas, no es poca cosa que estén administrando dinero público o viviendo de nuestros impuestos de donde nacen los jugosos salarios que perciben.

Las instituciones del Estado debieran avanzar en facilitar herramientas de con­trol como el esfuerzo demostrado por la Contraloría de la República que comenzó a implementar una plataforma de rendi­ción de cuentas de Fonacide y royalties para municipalidades y gobernaciones.

Sabemos que además del planillerismo descarado tras giras proselitistas vistas en los últimos meses, no son los únicos casos irregulares.

Repartija de cargos, licitaciones dirigidas para millonarios contratos, jugosos anti­cipos, compras públicas sin justificación, sobreprecios son métodos de recaudación comunes durante campañas políticas. Por ello es más que esencial disponer de pla­taformas de transparencia en tiempo real y así vigilar cada trámite, cada desem­bolso, antes de la fuga de dinero que suele darse en estas circunstancias.

El Estado tiene la obligación de cuidar lo público, dotar de herramientas y moder­nizar los entes de control para que tanto la prensa como la ciudadanía no lleguen tan tarde en el hallazgo de las rapiñas de los recursos.