En política, las disputas electorales son una contingencia. Cada candidato, sin embargo, está convencido de su eventual triunfo. Sobre todo si cuenta con una base social sólida y un real liderazgo. Y un equipo, comunicacional y estratégico, que sea capaz de movilizar las intenciones de votos y cristalizarlas efectivamente en las urnas. Aunque muchos siguen guiándose emotivamente por su partido político o su ideología, un porcentaje cada vez más importante de la ciudadanía empieza a evaluar los antecedentes, las gestiones y el testimonio de vida de los postulantes.
Un porcentaje que puede definir elecciones. Y una cuestión puntual e imprescindible: en un régimen democrático, las candidaturas deben ser legales y legítimas. No es lícito construir proyectos electorales violando principios consagrados en la Constitución Nacional. No se puede perseguir un fin sin importar los medios. Ya pasó una vez, en el 2006, creando una grave crisis institucional que invalidó la buena gestión que hasta ese momento tenía aquel gobierno.El señor Mario Abdo Benítez, al parecer, pretende la titularidad de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, su partido. Ignora, así como lo hiciera Nicanor Duarte Frutos en su momento, lo que señala taxativamente nuestra ley fundamental, en su artículo 237 “De las incompatibilidades”: “El presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones”. La aspiración del jefe de Estado será legal y legítima –reiteramos– una vez que abandone sus funciones al frente del Poder Ejecutivo. En recientes declaraciones a los medios de comunicación dejó abierta la posibilidad de que podría optar por atropellar la Constitución Nacional con un peregrino argumento que no resiste el más mínimo embate de la racionalidad y la lógica jurídica. Un argumento esgrimido por el propio mandatario y repetido como un eco por su círculo áulico: que, si llegara a ganar, no ejercerá el cargo. Siempre dentro del plano de las suposiciones, si ganara y no ejerciera, deberá asumir el segundo más votado.
Más allá de las chances reales que tenga el señor Abdo Benítez de llegar, vía elecciones, a la presidencia de Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, la cuestión de fondo es la que a nosotros nos interesa y nos preocupa. Al interior de su propio partido, el conflicto podría reducirse a impugnaciones en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), una instancia jurisdiccional que en enero del 2006 habilitó a Duarte Frutos a candidatarse, pero aclarando que no podrá ejercer el cargo. Pero en connivencia con cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia, el entonces presidente de la República es autorizado a pisotear la Constitución por algunas horas. Pero la crisis mayor no se originó –recalcamos– dentro del Partido Colorado, sino que provino de la sociedad civil organizada que imposibilitó que Duarte Frutos siguiera gobernando con la tranquilidad con que lo venía haciendo hasta ese momento. Pero no solo eso. También se frustró su deseo de reelección por el mecanismo de la enmienda, se trenzó en improductivas polémicas con empresarios, medios de comunicación y pastores de la Iglesia, y dos años después el coloradismo transitó por un camino que no conocía desde hacía seis décadas: el de la llanura.
Nicanor Duarte Frutos consiguió lo que nadie pudo hasta ese momento: unir en el 2007 a toda la oposición en contra de la candidata de la ANR, Blanca Ovelar de Duarte, que sería derrotada al año siguiente por Fernando Lugo. Fue, también, el inicio de un proceso de turbulencias que impidió la ejecución de muchos proyectos, especialmente los vinculados a la reforma del Estado.
Aquel año 2007 de Duarte Frutos es similar al 2022 de Mario Abdo Benítez. Es prácticamente el último año de su mandato. Con una radical diferencia. Su candidatura a la Junta de Gobierno no será el inicio de una crisis institucional, sino la profundización de los muchos conflictos que tiene abierto en todos los frentes. Un país agobiado por el desempleo, la corrupción, la pobreza extrema y siderales deudas que seguirán pagando futuras generaciones es la herencia que dejará este gobierno. Sin embargo, con la irresponsabilidad que le caracteriza –como si no asumiera la gravedad de nuestra situación–, el mandatario anuncia orondamente que “en marzo vamos a divertirnos”, dando a entender que en esa fecha anunciará su decisión. No es como insinúa Duarte Frutos de que recordarle al jefe de Estado de que está inhabilitado para el cargo que pretende sea señal de temor de parte de algunos sectores del coloradismo. La cuestión nada tiene que ver con el temor, sino con la Constitución Nacional. Y es una cuestión que cualquiera puede entender: o se la respeta o se la viola.
En un tiempo de reflexión y de compromiso con la patria y con el pueblo, el presidente Abdo Benítez, una vez más, demuestra que nunca estuvo a la altura ni tuvo conciencia del cargo que le tocó ocupar. Una lección que la sociedad deberá aprender para el 2023.