Las alarmantes cifras de feminicidio; es decir, mujeres que han perdido la vida en manos de varones, principalmente de parejas y ex parejas, alertan sobre la imperiosa necesidad de atacar esta desgracia como Estado, de ser posible desde la prevención.En el Paraguay se viene reportando 3 feminicidios al mes, los números nos cantan que el problema va en aumento, en el último fin de semana se dispararon a 5 la muerte de mujeres en manos de sus parejas y ex parejas sentimentales. Esta creciente violencia que genera daños irreversibles para las familias urge al Estado y toda la sociedad aunar esfuerzos para trabajar (de ser posible) en detectar de manera anticipada los riesgos.
Nuestro país ha avanzado en la normativa de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia con la Ley 5777 del 2016. En esta normativa se reconoce la violencia contra las mujeres de manera especial y se distinguen diferentes ámbitos donde ella se manifiesta: espacios privados o domésticos, públicos o comunitarios y también la violencia perpetrada o tolerada por el Estado, a través de sus agentes.
El estudio publicado recientemente por la ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre casos de feminicidio en Paraguay 2017-2020 valora el importante paso legal en el desarrollo conceptual del flagelo y las jurisprudencias que dejan como precedentes la violencia hacia la mujer en su condición. Si bien es incipiente la aplicación del marco normativo internacional, se rescata el avance en lo judicial.
Las estadísticas que resultaron del citado estudio que accedió a 19 de las 22 sentencias judiciales que se aplicaron de los 92 expedientes por feminicidio consumado registrados entre los años 2017 y 2020, revelan que el 23% de ellos ha recibido condena. El informe revela, además, que en la mayoría de los casos hubo antecedentes de violencia que las víctimas habían denunciado y que todos los victimarios tenían un vínculo de tipo íntimo con la víctima (esposos, parejas o ex parejas sentimentales), siendo la casa de la víctima el principal lugar donde ocurrieron los hechos.
Sin embargo, del análisis saltan algunas imprecisiones en el manejo de la información, base de datos de las instituciones públicas que no concuerdan entre sí, reparaciones de daños a las familias mutiladas, asistencia para las mismas hasta para el agresor, tratamientos efectivos de prevención, atención y protección al entorno, formación y capacitación permanente de funcionarios públicos involucrados en los diferentes procesos, la necesidad de nutrir con datos las rutas de la violencia en el marco del seguimiento de sus orientaciones, un plan de acción más inmediata, etcétera son algunas de las recomendaciones en el combate a este mal.
De ahí que los objetivos contra la violencia a la mujer requieren de alianzas en las que nos involucremos todos, como Estado. La violencia contra las mujeres no es un problema solo de ellas, es un problema que tiene un alto costo para toda la sociedad. Con cada desgracia de feminicidio, matamos un derecho universal que es la vida, además de las severas secuelas que dejan estos casos en las comunidades en detrimento del bienestar.
Los expertos coinciden en que es una tarea de todos apuntar a mitigar los casos de feminicidio. Sin embargo, no estamos utilizando las herramientas para concienciar y fortalecer la cultura contra la violencia, tan imprescindible en estos tiempos difíciles en los que la crisis sanitaria nos tiene en una continua pelea por nuestras vidas.
Suben los números, las estadísticas de muertes son cada vez más agresivas, pero no vemos reacciones que amortigüen esa violencia reflejada en los números. El Estado debe generar alianzas con todos los sectores, públicos y privados, en la tarea de alcanzar un nivel de concienciación que rechace todo tipo de violencia, entre ellas contra las mujeres.
Estamos llegando a un punto en que el morbo propio de estos acontecimientos opaca la noción del problema de fondo. Se tornan normales las noticias sobre los crímenes, mientras seguimos sin coincidir en las estrategias que nos ayuden como sociedad a desterrar la cultura de la violencia. Desde el Estado deben visualizarse los esfuerzos como las orientaciones que nos conduzcan a lograr la meta a la que apuntamos para el 2030 que es eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, como parte del Desarrollo Sostenible.