La histórica maniobra política de engañar con expropiaciones de tierras instando a las invasiones sin perspectivas de desarrollo productivo es un recurso que hoy día ya no tiene cabida en el consciente colectivo. Los procesos de urbanización para el sector campesino deben ser institucionales, de hecho, varios entes se han embarcado en este desafío.

El derecho a la tierra como la propie­dad privada está garantizado en nues­tra Constitución Nacional, ninguno de los dos intereses puede ser vulnerado mediante la violencia y menos con ins­tigaciones políticas encima de la ley por parte de algunos líderes que viven de promesas incumplidas.

La ley que penaliza las invasiones, apro­bada meses atrás en el Congreso, es una herramienta, pero insistir en didácti­cas institucionales que orienten a los sectores vulnerables sobre mecanis­mos de acceso a la tierra a través del Estado es crucial.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) compar­tió en estos días el proceso de regu­larización jurídica de asentamientos emblemáticos a nivel país que están trabajando con diferentes organizacio­nes, entre ellas la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Mesa Coordina­dora Nacional de Organizaciones Cam­pesinas (MCNOC).

Informaron sobre el desarrollo de deba­tes como alternativa de solución, muy por el contrario al apriete que se suele utilizar para convencer a los humildes que están en la lucha por un territorio. La presidenta del Indert fue clara en su alocución a los campesinos de no dejarse engañar y abogó para que los mismos se acerquen a la institución antes de ingresar a cualquier inmue­ble que sospechan que sea tierra fiscal.

La alta funcionaria también ratificó que no se puede negociar sobre la ley ni tampoco se les puede obligar a los propietarios a despojarse de un inmue­ble de su propiedad. Es decir, el meca­nismo de las invasiones y las presiones con violencia no funciona, contrario a cualquier garantía constitucional, es doble filo para los que arremeten con­tra los bienes ajenos.

Es evidente que el mensaje de la pre­sidente del Indert tiene sus destinata­rios directos. No se puede ignorar que el partido Frente Guasu sigue enfo­cado en las invasiones de propiedad privada, buscando las herramientas legales para utilizar la violencia y los abusos a su favor.

Los senadores de esta bancada vienen presionando con apoyo de ciertos líde­res campesinos la regularización de las tierras conforme a sus elecciones. Sin embargo, estos trámites están institu­cionalizados a través del ente regulador que es el Indert, no tienen chances los aprietes políticos.

Desde esta entidad ya anunciaron que varios inmuebles están con pedidos de informes a Registros Públicos, otros ya tienen cartas de ofertas de los propieta­rios, algunos tienen algunos pequeños trámites a resolverse, como la ubica­ción correcta del inmueble, y otros en proceso de mensura judicial. En ciertos casos las gestiones adhieren asistencias como servicio de agua potable y demás prestaciones de carácter público.

Los senadores abocados casi con exclu­sividad a las expropiaciones de tierras deben asumir que sus intenciones son retrógradas y altamente deficitarias ante el desarrollo que requieren las familias paraguayas. Una campaña de concienciación bien intensa que lle­gue con mecanismos de gestión en el caso de las ocupaciones puede resul­tar óptimo en el avance del acceso a la tierra, sin violencia.

El Indert debe reforzar su esfuerzo e involucrar a las instituciones que sean necesarias en el proceso de ceder terri­torio para que ello sea sustentable en el tiempo y así aniquilar los mezqui­nos intereses políticos que sobrevue­lan comunidades que buscan regula­rizarse.

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