El ingreso de mercaderías de manera ilícita y su comercializa­ción en los corredores del sub­mundo de la ilegalidad siguen cam­pantes e impetuosos. Tanto, que los sectores industriales y comerciales de nuestro país que están afectados por el delito se encuen­tran desesperados ante la aparente inacción de las entidades gubernamentales que tienen que frenar el ilícito. Sea porque el esfuerzo no es suficiente o porque son incapaces para esa tarea, la entidad que con el pomposo nombre de Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Con­trabando (UIC) se encarga del asunto está dejando mucho que desear. Y por eso el país es víctima de las contravenciones que están haciendo daño a los que trabajan, producen y comercializan en la legalidad.

La directiva de una de las empresas más afectadas por el contrabando se quejó amargamente de que no se ha avanzado nada para atajarlo. La presidenta de la empresa Granja Avícola La Blanca, Blanca Ceuppens, manifestó a la prensa que, a pesar de las quejas realizadas, no ha pasado nada con la acción de las autori­dades para frenar la ilegalidad. “Siempre sigue complicado y cada vez es peor”, dijo cuando se le preguntó sobre la situación actual. “En las últimas veces que estuvi­mos reclamando contra el contrabando no pasó nada con las autoridades”, remarcó.

Relató que es asombroso cómo hasta por las redes sociales se hace publicidad de cómo traer pollos de contrabando, yendo a las ciudades argentinas de frontera para ingresar el producto ilegalmente, como si fuera algo normal.

Por su lado, los productores de tomate y otras hortalizas se quejaron de que el Gobierno no hace nada contra la ilegali­dad, igual que otras agrupaciones econó­micas que trabajan en diversos ramos. Empresarios frutihortícolas de varios puntos del país, en una reunión realizada el martes con una comisión del Senado, insistieron en que se haga cumplir la ley que castiga a los traficantes de mercade­rías de contrabando porque les causa un grave perjuicio. Señalaron que a menudo se están reuniendo con el encargado de la lucha contra el ilícito, Emilio Fúster, y con otras autoridades del sector, que unos días se hace el control y que luego todo prosi­gue como antes, sin vigilancia.

El lunes último el senador Arnaldo Franco, titular de la Comisión Anticon­trabando de la Cámara Alta, se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, para plantearle las inquietudes sobre el comercio ilícito. En la ocasión el alto directivo de la Justicia explicó lo que se está haciendo desde su jurisdicción para castigar el ilícito.

Ninguna economía puede soportar la fuerte arremetida de los delincuentes sin tambalear por sus efectos actuales ni tem­blar ante sus consecuencias futuras. Es ya hora de que las autoridades se pongan la camiseta albirroja y enfrenten con todo rigor el delito que está causando daños inmensos al país y a sus intereses, ame­nazando con una goleada a la seguridad económica y el porvenir tranquilo de la mayoría de los paraguayos.

Basta ya de la indolencia complaciente ante el delito. Hay que hacer frente a la trans­gresión y a los malhechores con la única arma que les puede vencer, la lucha inte­ligente en todos los frentes, sin tregua ni debilidades. Ya no son suficientes las bue­nas palabras, las intenciones nobles ni los discursos altisonantes. Hace falta acción y reacción contra el contrabando y sus res­ponsables, como se enfrenta a un peligroso enemigo. Toda otra actitud debe conside­rarse complicidad con el adversario.

Una de las primeras medidas que debe tomar el Gobierno es cambiar a los res­ponsables de la UIC por falta de resul­tados. En cualquier parte, cuando un equipo no funciona se lo reestructura. Debe poner un nuevo equipo que, con más ganas y mayor interés de conseguir el éxito, luche contra los traficantes y el comercio ilegal en todas las instancias y en cualquier sitio del país. El Gobierno debe mostrar dureza contra las entidades y funcionarios cómplices del delito, como los policías que, con el sueldo que le paga la ciudadanía, protegen el ilícito.

Debe ponerse un plazo y en ese tiempo con­seguir el efecto deseado de impedir el con­trabando, apresar a los delincuentes y lograr que se los castigue de manera ejemplar.