El caso de menores desaparecidos es un problema de Estado casi desapercibido a juzgar por las estadísticas y lo poco que cono­cemos a través de los medios de comuni­cación, que esporádicamente muestran denuncias por parte de familiares que se animan a mediatizar. Sin embargo, las cifras alertan de un flagelo en el silencio que en los últimos tres años se duplicó.

Nuestro equipo de investigación confirmó con la Policía Nacional que entre el año 2020 y lo que va del año 2021, 430 menores, es decir, personas de 0 a 17 años se encuentran desaparecidas en distintas circunstancias.

Según la institución de seguridad, los casos están en continúo ascenso. En el 2019 las estadísticas registran 217 denuncias de menores desaparecidos y de quienes no se supo nada en ese período.

Los números se duplicaron en pandemia; en el 2020 se reportaron 891 casos, este año 846 de los cuales 430 siguen con paraderos desconocidos.

El año pasado 3 de los desaparecidos fueron hallados sin vida y 4 en lo que va del 2021. Los números reflejan un flagelo en expan­sión que no está encontrando la contención para los afectados.

Uso discrecional de redes sociales, familias desmembradas, violencia doméstica, surgen como trasfondo que, según los especialis­tas detonan en desapariciones por trata de personas y adopciones ilegales. En este con­texto, un dato no menor es que 79.3% corres­ponde a niñas y adolescentes desaparecidas y el 20.7% a niños y adolescentes varones.

Con todas estas cifras, la institución más cercana y visible de respuesta es la Poli­cía Nacional, que prácticamente es la única que maneja datos. El Ministerio de la Niñez está desprovisto de políticas aplicables para resolver este flagelo, básicamente su función es la de publicar en redes sociales los casos de los cuales se han enterado.

La Defensoría de la Niñez está todavía con verde proyecto, también se sirve de datos policiales, mientras que la Fiscalía llega des­pués, cuando los casos ya se han consumado y el problema es un verdadero acertijo.

Estas son las razones por las que ameritan incluir programas de atención a casos de menores desaparecidos. Trabajar en polí­ticas de monitoreo, las estadísticas ya nos cantan la trágica situación, que por no ser muy mediatizada no llegan a la conciencia colectiva.

El año pasado nos enteramos de un proyecto de búsqueda y localización de personas que otra vez recayó en la Policía. Los ministerios responsables debieran dar un soporte para que la desgracia no siga ganando a las estrategias.

Es más que importante encontrar políti­cas de solución a las carencias que afectan a nuestros niños y niñas como sus familias. La violencia doméstica, la miseria y el descon­trol en el uso de redes sociales son suficien­tes demostraciones de fuerza en esta proble­mática que no encuentra alternativas hasta el momento.

Los informes policiales son reveladores. Cada caso se registra en el sistema, muchas veces no hay seguimientos, no se sabe si hubo apariciones en puridad si las familias no tienen esa iniciativa de avisar y cómo les fue después de la desgracia.

Las denuncias debieran tener seguimientos en las instituciones de atención a la niñez y la adolescencia para saber en qué termina cada caso e implementar programas para sobrellevar las crisis.

Una campaña de comunicación que no sola­mente se limite a publicar fotos de desapa­recidos, sino a informar con datos de alerta sobre la problemática puede ser una misión prometedora.

Si las principales causas son la trata de per­sonas y las adopciones ilegales, las pesquisas deben apuntar a desmantelar estas roscas. Avanzar contra las raíces del mal, debe ser el objetivo para no quedarse solamente con las deprimentes cifras policiales.

Es imperante la necesidad de aunar esfuer­zos para combatir de manera integral este flagelo que tiene mutiladas a centenares de familias. Las instituciones afines están en la obligación de mejorar esta situación, para ello deben renunciar a las campañas y accio­nes superficiales, es decir; atacar los proble­mas sociales de base.