Productores hortícolas de algu­nos departamentos del país han venido hasta la capital para insistir ante las autoridades nacionales en su lucha contra el ingreso ilegal de artículos varios que les hace com­petencia desleal, que impide la comer­cialización normal, y a un precio razona­ble, sus productos. Han dicho que están hartos del problema, que los controles de los organismos públicos son insuficien­tes porque la ilegalidad va en aumento. Incluso han pedido el cambio de los fun­cionarios encargados de la lucha contra el comercio ilegal, porque el resultado de su tarea no les convence.

La semana pasada varios dirigentes de los horticultores recorrieron los sitios donde los organismos públicos realizaron la incau­tación de productos en verdulerías, super­mercados y puestos de venta. En la oca­sión pudieron constatar la gran cantidad de productos ingresados de contrabando que encontraron, lo que demuestra que el pro­blema no es tan simple. Uno de los dirigentes campesinos del área señaló que la Unidad Interinstitucional de Combate al Contra­bando (UIC) actúa de manera deficiente, ya que sus agentes realizaban los operativos de control solo cuando eran presionados por los productores afectados y no por propia inicia­tiva. Y que debido a ello no pueden comercia­lizar sus productos de manera normal.

Esta situación no es nueva. Se repite con mucha frecuencia, sea por parte de los avi­cultores, los industriales y gente dedicada a diversas actividades de manera legal. No es de ahora, sino una crónica que recorre nuestra historia como una enfermedad que corroe en forma permanente la economía paraguaya.

El ingreso de mercaderías provenientes de otros países que no pagan los derechos aduaneros ni tributos internos, sin el con­trol fitosanitario que corresponde, es tre­mendamente perjudicial para el país. Con la historia de que tienen precios más bajos se comercializan afectando a los productores nacionales que no pueden vender sus pro­ductos y circulan en la economía en negro, ya que se entregan sin comprobantes lega­les afectando a los comercios que pagan sus impuestos y son fuentes de empleo para los trabajadores.

En términos legales, el contrabando es un delito y no se lo puede aceptar en una socie­dad civilizada. Debería ser perseguido por las autoridades pertinentes y castigado por los organismos judiciales como cualquier contravención legal. Esto se da no solo por la actitud complaciente de las personas y enti­dades que deben involucrarse, sino por la falta de interés de los organismos competen­tes, como los poderes del Estado que deben velar por la legalidad.

El Estado paraguayo y las instituciones especializadas en la lucha contra la ilega­lidad deben establecer nuevos mecanis­mos para contrarrestar esa práctica delic­tual tan corriente. Tienen que realizar los cambios necesarios de personas y sistemas para trabajar con técnicas operativas que han demostrado buenos resultados en las naciones que alcanzaron éxitos contra la ilegalidad. No se puede aceptar que el delito se enseñoree de la sociedad como si fuera algo normal, y los organismos competentes deben actuar con solvencia y mayor energía.

No se puede tolerar que en lugares públi­cos, como las calles, plazas o en comercios truchos se ofrezcan libremente produc­tos ingresados de contrabando y que nadie actúe, como si fuera algo normal. Eso solo demuestra la desidia de los organismos ofi­ciales y la complicidad de sus funcionarios. La transgresión de las leyes que se hace con el contrabando es una práctica muy exten­dida que en el curso del tiempo nunca ha sido castigada como corresponde. Por lo que a muchos les parece incluso normal en una sociedad no muy apegada a la legalidad.

Por todo ello desde el Estado se debe mejorar radicalmente la persecución de ese procedi­miento irregular y comenzar a castigar a los infractores. En vez de apañar ese hábito, cier­tos sectores de la ciudadanía que conviven con ese delito deben denunciarlo y facilitar su eli­minación como una grave enfermedad, porque el perjuicio que ocasiona al país es muy grande.

No solo deja de contribuir con sus impuestos sino que está alentando las prácticas de la delincuencia, con todo lo que ello implica. El papel del Gobierno es totalmente imprescin­dible si se quiere eliminar esta transgresión y caminar hacia la legalidad. Y para ello debe poner en marcha nuevas y efectivas formas de lucha contra ese ilícito.