A meses de culminar el año 2021, uno de los períodos más sacu­didos en términos de insegu­ridad, se vuelve más notoria la nula política para ganar, al menos llevar la delantera en el combate a la delincuen­cia y el crimen organizado.

Los primeros días del mes de setiembre, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había puesto un plazo de entre 60 a 90 días para mejorar su gestión y que si no hay resultados iba a dar un paso al cos­tado. Su promesa fue en medio de una con­ferencia de prensa en la que anunciaba cambios en la cúpula policial.

En ese momento, incluso señaló en redes sociales la exigencia impuesta al cuerpo policial de “dar prontos resultados a la demanda de la ciudadanía”. El tiempo corre y no hay tiempo que perder, había sentenciado Giuzzio hace casi dos meses vía Twitter.

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En una semana más se cumplen dos meses de aquel anuncio, el tiempo corre para adelante efectivamente como lo había mencionado el secretario de Estado; sin embargo, los resultados van para atrás. No se visualizan mejoras en la política de seguridad y el país, además de tiempo, está perdiendo vidas, con víctimas de los vio­lentos actos de marginales.

La delincuencia y el crimen organizado ridiculizan la gestión de Giuzzio. Algo que el ministro llevará sobre sus espaldas es la reorganización del sicariato durante su administración con un ingreso casi deli­berado en Central.

A diario saltan sangrientos atentados atribuidos a organizaciones criminales y no cesa la ola de asaltos, robos, atentados exprés y otros delitos. Un rápido recuento hasta la semana pasada se acerca a esta­dísticas de dos hechos de sicariatos por día en nuestro país en lo que va del año 2021.

Expertos y hasta altos jefes de la Poli­cía Nacional reconocen la migración, la expansión de organizaciones crimina­les al departamento Central y la capital del país, actualmente con operativos de demostración de fuerza, con los atentados y sicariatos.

Los hechos delictivos denigran al Ministe­rio del Interior sin una reacción concreta en cuanto a política o sistema de combate. La última visita del ministro Giuzzio al Congreso deja por el piso cualquier expec­tativa positiva que pudiera haber en recu­perar la dignidad de la institución.

Los senadores, incluso parlamentarios del partido amigo del gobierno de Mario Abdo Benítez, reconocieron que no pudieron sacar una sola respuesta a Giuzzio sobre sus planes estratégicos ante la violencia que azota al país.

Con un escuálido argumento de que el pro­blema es presupuestario, el ministro intentó zafar las consultas en el Senado, obviamente su excusa no convenció. Arremetió contra el sistema judicial alegando impunidad, tiró el fardo al personal policial en muchos aspec­tos, se escudó en los problemas sociales hasta ambientales, pero no aclara hasta hoy cuál es su plan de seguridad.

En medio de la calamidad se sabe que el Sistema 911 funciona apenas en un 40%, siendo este el recurso más inmediato para las denuncias ciudadanas. Todo apunta a que estamos cada vez más lejos de ganarle a la delincuencia, en el limbo.

Llega fin de año, época fértil para los ami­gos de lo ajeno que aprovechan el dinero circulante y el poco flujo que pudieran generar los trabajadores con sus ingre­sos extras, como el aguinaldo y otros cobros adicionales. Si durante la pande­mia, meses de menor circulación, batimos récord en delincuencia y extrema violen­cia, difícilmente mejore nuestra suerte si dependemos de un aéreo ministro que no sabe en qué terreno está parado.

Si este gobierno; es decir, el presidente de la República, sigue dando tiempo a los pandilleros y criminales, el horizonte se torna negro. Los plazos de las promesas se cumplen, no hay resultados y no podemos seguir siendo masoquistas de una gestión fallida solo para mantener el cupo de un cargo de un hombre del partido amigo.

Es imperante la necesidad de poner en el Ministerio del Interior a un estratega que maneje los códigos de seguridad y plantee políticas que pongan freno a la delincuen­cia y violencia que sufrimos.

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